La subasta del coste la luz realizada el pasado 22 de marzo entre las comercializadoras de electricidad concluyó con una caída del precio cercano al 10% pero este inesperado descenso no ha repercutido ni un euro en el recibo mensual al que deben enfrentarse cada mes los ciudadanos. ¿Cuál es el motivo? El Ministerio de Industria se adelantó a la puja y decidió incrementar el 12,5% su parte del pastel —los denominados costes de acceso al sistema—. Esta decisión se enmarca en la promesa de “congelación del precio de la tarifa eléctrica hasta abril” realizada públicamente por el ministro Miguel Sebastián tras la asfixiante subida del 10% aprobada en enero, una de las más bruscas de los últimos años, pero cuyo impacto fue comparado por el propio ministro con “el precio de un café”.
El ministro cumplió su palabra. El recibo de la luz no ha subido en estos cuatro meses de 2011 pero su decisión ha impedido aliviar la cuenta de gastos de una sociedad cuya economía doméstica sufre una grave crisis de liquidez, a pesar de lo cual paga una de las facturas eléctricas más caras de la Unión Europea.
Luis Delso, presidente de Isolux Corsán, una de las principales empresas del mundo en la distribución eléctrica solar, considera que esta respuesta de Sebastián demuestra su cerrada actitud en defensa de los intereses del lobby eléctrico. Los beneficios del sector se han multiplicado de forma colosal desde la llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero: un 33%.
Otro ejemplo se halla en el destino profesional de destacados dirigentes políticos como Felipe González, José María Aznar o Pedro Solbes, entre otros. Todos ellos ocupan hoy distinguidos puestos en consejos de administración o de asesoría en Gas Natural, Endesa y Enel, tres de las principales comercializadoras de la energía que hay en España.
Facturas imposibles de descifrar
Pese a estos excesos, el recibo de la luz no ocupa un lugar importante en el ranking de las quejas de los consumidores. Las asociaciones encuentran la explicación en el desglose de gastos de la factura mensual, un complicado jeroglífico donde sólo el 50% corresponde al consumo eléctrico; el resto del coste es una serie de peajes fuera de la comprensión de casi todos, como impuestos especiales, tasas por inversiones que supuestamente se realizan, moratorias a la energía nuclear, subvenciones a las energías renovables o por eliminar sistemas tradicionales de producción como el carbón.
Pero, sobre todo, aplican tasas para enjugar el Coste de Transición a la Competencia (CTC), más conocido como déficit de tarifa, una cuestionada deuda pública de casi 20.000 millones de euros que las compañías reclaman por cobrar la luz por debajo de los costes reales desde 1997 hasta su liberalización hace unos meses. Esta deuda que reclaman la justifican en supuestas inversiones para mejorar su competitividad, renunciando a modelos energéticos ya en marcha, como la nuclear a favor del gas y las renovables.
Un compendio de cargas que José María González Vélez, presidente de Gesternova, la comercializadora de electricidad creada en 2005 por los productores de energías renovables de APPA, no duda en calificar como “absurdo” porque en su opinión «nos aplican un impuesto, el IVA, sobre otro impuesto, el de la electricidad, lo que sirve también como elemento recaudatorio, muy jugoso, al Estado». Desde la patronal insisten en que, de no liquidarse esta deuda, su situación financiera se acercaría peligrosamente a la quiebra.
Sin embargo, tampoco los datos oficiales del precio de la electricidad encajan en las demandas de las empresas del sector sobre el aumento anual del déficit de tarifa. Entre 2005 y 2009 los costes disminuyeron en torno al 31,5% pero los precios se incrementaron un 29,7%.
El déficit de tarifa real o ficticio
Desde que se inició el proceso de liberación del mercado eléctrico impuesto por Bruselas, las quejas contra un sistema tarifario que repercute directamente sobre los consumidores no han dejado de crecer. Difícil tesitura para un Gobierno como el socialista, que se ha convertido en el perfecto aliado de las compañías eléctricas, tal y como lo demuestra la subida de un 45% experimentada por la luz desde la llegada a la Moncloa de Zapatero y el incremento de los beneficios de un 33% registrado por las compañías desde 2004.
Luis Delso, no duda en acusar al lobby eléctrico de ser el responsable del encarecimiento de la electricidad. En una entrevista en Expansión publicada en mayo de 2010, señalaba que las subidas de la luz tienen como origen “la incongruencia del propio sistema tarifario y la presión de los lobbies eléctricos para que nada cambie”. La teoría indica que el mercado eléctrico opera en función de la ley de la oferta y la demanda, aunque la fórmula no es del todo real.
La primera distorsión surge al comprobar que aunque el coste del megavatio no es el mismo si proviene de una central de carbón, hidroeléctrica, nuclear o de gas, en España se fija un único precio, el que más caro resulte. Y además, se paga dos veces por lo mismo en la factura. Es decir, se financia la energía nuclear o la hidroeléctica (cuyos costes de inversión ya están pagados) como si fueran producidos por centrales de gas, cuando son más baratas, con el sobreprecio procedente del déficit de tarifa.
La economista de la Universidad Carlos III de Madrid Natalia Fabra considera que con el cambio de regulación “se les ha pagado a las eléctricas muchísimo más de lo que se les prometió cuando realizaron sus inversiones, porque han amortizado sus costes por la vía de las CTC y han seguido recibiendo precios de mercado muy superiores a sus costes».
Sin embargo, jamás se han modificado las tarifas a la baja. Los beneficios obtenidos resultan enormes. La propia Comisión Nacional de la Energía, en un informe publicado en 2008, cifró en 4.400 millones de euros los ganancias extras obtenidas por los propietarios de centrales hidroeléctricas o nucleares españolas. Fabra calcula que una sola planta atómica como Garoña logra “unos 180 millones de euros al año” procedentes de las facturas de los consumidores. Y se pregunta si no se podría destinar este dinero a “pagar parte de las primas de las energías renovables», con el subsiguiente descenso en el precio de la luz. Un galimatías colosal donde el único perdedor es el ciudadano.