El Gobierno aumentará más del cien por cien la sanciones a las empresas que mantengan trabajadores en situación irregular después de «tres o cuatro» meses de gracia que concederá a las compañías para que hagan aflorar el empleo sumergido, según el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez. En una entrevista publicada por Expansión, Gómez señala que presentará este viernes en el Consejo de Ministros un primer informe al respecto, pero que el plan no se aprobará definitivamente hasta que no estén más avanzadas las negociaciones sobre la reforma de la negociación colectiva entre los sindicatos y la patronal.
El ministro prevé que el plan contra el empleo sumergido entre en vigor antes del verano, «entre mayo y junio», y advierte a las empresas y a los parados en situación irregular de que dispondrán de tres o cuatro meses para normalizar su situación. Añade que «una vez que concluya el periodo de gracia, previsiblemente hacia el otoño, la Inspección de Trabajo tiene previsto realizar entre 250.000 y 265.000 actuaciones con el objetivo de aflorar el empleo sumergido.
Para las empresas, la cuantía de las multas, en función de los casos, puede elevarse desde los 6.251 euros a los 12.500 y desde los 187.515 a cerca de 400.000. Para los desempleados que combinen la protección por paro con un trabajo sumergido, Gómez opina que requiere «una sanción muy grave», la pérdida del derecho a la prestación, aunque precisa que esta cuestión se debe negociar con los agentes sociales.
El ministro señala que la primera vez en que la Inspección descubra esta situación anómala no supone la pérdida automática de la prestación, pero que «a partir del plan sí». Gómez niega que con este plan el Gobierno piense conceder una amnistía a las empresas infractoras, sino que se trata de que los empleadores sepan que si cumplen con el plan no va a haber ningún tipo de castigo.
«Cuando eso ocurra» y haya un periodo de tiempo hacia atrás que regularizar, señala Gómez, se intentará alcanzar acuerdos con las empresas infractoras para permitir la regularización de empleo sumergido con aplazamientos e incentivos. «Pero el objetivo de esa regularización es obtener empleos hacia el futuro», concluye.
Los agentes sociales ya tienen en su poder el borrador del plan, según confirmaron a Efe fuentes cercanas a la negociación, y a partir de ahora podrán aportar sus iniciativas al respecto.