La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha multado con 61 millones a la patronal y a las cinco principales eléctricas del país, de las que Endesa, con 26 millones, e Iberdrola, con 21,6 millones, se llevan la mayor parte, por obstaculizar el mercado libre, según ha informado este viernes el organismo.
Competencia afirma que son responsables de obstaculizar el cambio de comercializador en el mercado libre y de tratar de fijar precios a los grandes clientes en el marco de la desaparición de las tarifas.
Se trata de la segunda mayor multa acordada por el organismo que preside Luis Berenguer, por detrás de la que impuso al sector asegurador en 2009 por 120,7 millones de euros.
Además de las sanciones de Endesa e Iberdrola, se han impuesto multas a E.ON España, 1,4 millones; Gas Natural Fenosa, 8,8 millones; Hidroeléctrica del Cantábrico, 1,8 millones, y a la patronal eléctrica Unesa, 900.000.
Según el organismo, las empresas acordaron no facilitar datos para dificultar a las comercializadoras independientes captar clientes, a la vez que obstaculizaron la aplicación de la normativa y coordinaron el corte de las gestiones de solicitudes de cambios.
Junto a esto, Competencia explica que las eléctricas pactaron los precios y otras condiciones comerciales para los grandes clientes cuando salieran al mercado ante la desaparición de la tarifa regulada.
El organismo añade que todas estas actuaciones se produjeron en el seno de la patronal eléctrica Unesa, donde se agrupan las cinco eléctricas que representan el 99 % de la energía comercializada a clientes domésticos.
Competencia explica que en junio de 2009 abrió la investigación tras conocer, a través de la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE), determinadas comunicaciones entre Iberdrola y Endesa por la suspensión de la gestión telemática de solicitudes de baja.
A la vista de dicha información, se inició una investigación en la que descubrió que el resto de las empresas habían enviado notas similares.
El organismo señala que se trataba de un momento importante para la comercialización de energía eléctrica, porque el 1 de julio de 2009 desaparecían las tarifas y los consumidores domésticos y pymes tenían que elegir comercializadora en el mercado libre.
Los que no lo hicieran y tuvieran derecho a la llamada Tarifa de Último Recurso (TUR), la única regulada, pasarían inmediatamente a la comercializadora de la compañía que les suministraba la luz en ese momento.
Competencia dictó entonces, en julio de 2009, medidas cautelares y en agosto de 2010 elevó propuesta al Consejo para que declarará la comisión de las infracciones que ahora ha considerado acreditadas.
El organismo subraya que las prácticas desarrollada por las eléctricas son muy graves, ya que, al tratarse de unos servicios donde los clientes muestran mucha inercia y existen elevados costes de acceso, cualquier obstáculo adicional favorece la permanencia del cliente en su grupo de electricidad.
Por ello, añaden, estas conductas tienen el efecto de elevar las barreras de entrada al mercado y de reducir la competencia entre las cinco principales empresas eléctricas.
Los datos, concluye Competencia, ponen de manifiesto que las comercializadoras de cada grupo se han centrado en captar los clientes en el mercado libre fundamentalmente en las zonas de la red de distribución del grupo, lo que revela «una escasa intensidad competitiva entre ellas» entre 2006 y 2009.