Los sindicatos UGT, CCOO y CIG han criticado la «opacidad» existente en Novacaixagalicia sobre el sueldo y las indemnizaciones de los altos directivos de la entidad, a pesar de solicitar en reiteradas ocasiones información al respecto, y han pedido explicaciones al Banco de España y a la Xunta.
Los sindicatos se hacen eco de las informaciones de varios medios que apuntan en sus ediciones digitales a que el exdirector general de Novacaixagalicia José Luis Pego y el exdirector general adjunto de la oficina de integración Óscar Rodrìguez habrían recibido indemnizaciones millonarias en concepto de prejubilación e indemnización.
Clodomiro Montero, de la CIG (Confederación Intersindical Gallega), ha señalado en declaraciones a EFE que en 2009 los sindicatos solicitaron en la asamblea general de Caixagalicia un desglose con los salarios de los altos directivos, pero se encontraron con la negativa de la dirección, que alegó que no era un requisito legal.
Luego, ha recordado, en la tramitación de la Ley gallega de cajas, PP y PSOE desestimaron una enmienda del BNG que pedía que los salarios en la caja gallega fueran públicos, por lo que ha considerado «cínico» que estos dos partidos ahora «se rasguen las vestiduras».
Con todo, el representante de la CIG ha enfatizado que «el debate fundamental no es con cuánto se fueron los malos gestores, sino qué va a pasar con la caja y si se va a permitir la valoración» en la que se basó el Banco de España para cifrar en un 6,8 % el peso de Novacaixagalicia en el accionariado de NCG Banco.
La CIG es partidaria de que tanto el Parlamento de Galicia como la Fiscalía Anticorrupción investiguen «el desfase» de la situación contable de la caja y si el Banco de España y los inversores «se excedieron» en rebajar la valoración de la caja.
Sobre la situación de la CAM, Montero ha ironizado con que el Banco de España «descubra ahora que hay entidades mal gestionadas y directivos dando auténticos sablazos, cuando viene diciendo desde 2007 que las entidades españolas estaban muy saneadas».
José Ramón del Pliego, de UGT, duda de que las indemnizaciones millonarias publicadas sean correctas porque «serían un escándalo en toda regla».
En todo caso, cree que «existen unos culpables» de la situación de Novacaixagalicia que «tendrían que dar explicaciones» sobre esos «contratos blindados» de los altos directivos, empezando por el Banco de España, que «dio su visto bueno», y ha añadido: «la Xunta también tendría que decir algo al respecto».
Transparencia y sentido común
Del Pliego ha apelado a que «alguien ponga transparencia y sentido común», y que al mismo tiempo «diga lo que se ha hecho» para que la caja gallega «pase de valer 1.700 millones a apenas 181», sobre todo cuando se han hecho «tantas auditorías de todo tipo», en las que «nadie dijo que -Novacaixagalicia- no valía nada».
Luis Mariño, de CCOO, ha recalcado, por su parte, que en varias ocasiones los sindicatos han solicitado al consejo de administración información sobre salarios e indemnizaciones y que la dirección se ha opuesto a facilitarla.
En todo caso, ha abundado Mariño, la entidad cuenta con el respaldo del Banco de España, que es el que «debería tomar cartas en el asunto».
De lo único que tienen constancia los sindicatos es de la renuncia del exdirector general adjunto, Javier García Paredes, a parte de la indemnización que le correspondía por su salida de la entidad.
Novacaixagalicia, por su parte, se acoge a la confidencialidad que la ley permite sobre los salarios e indemnizaciones que reciben sus altos cargos y, en todo caso, fuentes de la entidad consultadas por EFE precisan que las cifras publicadas en varias informaciones digitales son «incorrectas».
Las fuentes especifican que la única información oficial sobre los salarios de los altos cargos son las que figuran en los informes corporativos semestrales, y que las cantidades no aparecen particularizadas.
En la misma línea, fuentes del consejo de administración de la entidad gallega aseguran a EFE que ni los salarios ni las indemnizaciones se llevan al consejo, cuyos miembros desconocen «las cantidades e incluso los criterios» para fijar los emolumentos de los altos directivos.