Los inversores en pagarés de Nueva Rumasa se siguen sumando como acusadores al proceso penal abierto por la Audiencia Nacional contra la familia Ruiz-Mateos por presunta estafa e insolvencia punible, según confirmó a Europa Press el despacho Iure Abogados, que se ha personado en el proceso como acusación particular.
El bufete representará a ocho clientes que invirtieron más de 800.000 euros en el grupo empresarial y suman así más de una decena de acusación particulares que representan a cerca de 250 inversores.
El fundador de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, su mujer, Teresa Rivero, y sus seis hijos varones están citados a declarar como imputados ante el juez Pablo Ruz mañana y el miércoles para explicar su gestión al frente de Nueva Rumasa.
Según aseguró José María Ruiz-Mateos Rivero, la familia defenderá que «jamás ha habido ánimo de estafa ni intención de engaño», que las emisiones de pagarés se realizaron «bajo la legalidad» y que los fondos captados por esta vía se destinaron «100% a las empresas».
El pasado mes de junio, Ruz admitió a trámite la querella presentada por el despacho malagueño Martínez-Echevarría contra Nueva Rumasa. El juez centra la causa en los 1.017 inversores que depositaron 90,4 millones de euros, identificados por la Fiscalía Anticorrupción. A estos habrá que sumar los que adquirieron pagarés hasta enero de 2011, cifra que podría alcanzar los 5.000.
Las pesquisas realizadas por Anticorrupción han estado encaminadas a seguir el rastro del dinero de los inversores presuntamente desviado por los Ruiz-Mateos a paraísos fiscales como Belice o las Antillas Holandesas. El pasado 9 de septiembre, Ruiz-Mateos anunció la venta de Nueva Rumasa a la sociedad Back in Business, propiedad del último dueño de Marsans, el empresario Ángel de Cabo.
Estrella Digital/EP