El Gobierno prevé realizar un estudio sobre la viabilidad jurídica y económica de establecer en la legislación laboral un derecho de reducción de jornada, y consecuentemente también de salario, de los trabajadores a partir de una determinada edad.
Estas es una de las líneas de actuación que configuran la Estrategia Global de Empleo de Trabajadores de Más Edad 2012-2014, denominada Estrategia 55 y más, aprobada por el Consejo de Ministros, y que deberá concretarse mediante el diálogo entre el Gobierno, las comunidades autónomas y los agentes sociales.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Trabajo, Valeriano Gómez, defendió que esta estrategia trata de mantener más tiempo en el empleo a los trabajadores de más edad. «Si queremos que las personas estén durante más tiempo trabajando, tenemos que afrontar políticas que estimulen el empleo de los más mayores», dijo.
Así pues, la estrategia pretende ser una «hoja de ruta» para orientar a las administraciones en la elaboración de medidas dirigidas al colectivo de trabajadores de 55 o más años, dando así cumplimiento al compromiso alcanzado al respecto en el Acuerdo Social y Económico (ASE).
Por líneas de actuación, el reconocimiento de este derecho se enmarca en un bloque de iniciativas para mejorar las condiciones de trabajo de las personas de 55 o más años, especialmente en lo que respecta a la seguridad y la salud laboral.
En este bloque se incluye también la evaluación de riesgos laborales, la planificación de actuaciones preventivas, la aplicación de medidas de flexibilidad interna en la empresa, como el cambio de puesto de trabajo o de adaptación del mismo, para garantizar la seguridad del trabajador o la realización por parte del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de investigaciones específicas en materia de condiciones de trabajo de los trabajadores.
Después de los 55 años
Otro paquete de líneas de actuación se centran en el mantenimiento del empleo de estos trabajadores y contempla la promoción de los contratos de relevo, las bonificaciones de cotizaciones sociales para el mantenimiento en trabajo por cuenta ajena y en el trabajo autónomo, medidas de mejora de la formación y un reexamen por parte de los interlocutores sociales de las cláusulas de los convenios colectivos que establecen la jubilación obligatoria.
Por último, la estrategia también incluye iniciativas para facilitar la reincorporación al mercado de trabajo, empezando por la realización por parte de los Servicios Públicos de Empleo (SPEE) de nuevas actuaciones individualizadas para mejorar las orientación profesional.
Además, se contemplan la mejora de la formación, nuevos incentivos para la reincorporación de estos trabajadores en forma de complementos de cotización o de salario por parte del SEPE, y un estudio de la posibilidad de evitar los pactos de no competencia o no incompatibilidad para un empleo posterior en el marco de los expedientes de regulación de empleo (EREs).