El Consejo de Ministros, reunido este viernes, ha dado luz verde a la tercera reforma financiera de nuestra historia democrática. El objetivo sigue siendo el mismo por el que se ha regido el Gobierno del PP desde que llegó al poder: generar confianza para estimular el crecimiento y poder a mitad de año cumplir con el objetivo de déficit del 4,4 % acordado con Bruselas. Así lo ha confirmado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, en respuesta indirecta a las declaraciones que este miércoles hizo el president de la Generalitat, Artur Mas, cuando afirmó que Rajoy «no podrá pasar en un año del 8% al 4,4% de déficit, si no es engañando».
Según la vicepresidenta, desde que llegó al poder «este Gobierno», no ha hecho otra cosa que «decir la verdad» y trabajar lo más «rápidamente posible» para sacar adelante las reformas «que este país necesita para salir de la situación en la que se encuentra». Primero -ha recordado- fue la aprobación del real decreto de no disponibilidad del pasado 30 de diciembre. A continuación, llegó la Ley de Estabilidad Presupuestaria para limitar la deuda de las comunidades autónomas. Y este viernes, le ha tocado el turno a la reforma financiera. «Estamos trabajando para que exista liquidez», ha asegurado Sáenz de Santamaría, quien este viernes se ha sentado ante los medios de comunicación, junto al ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, para explicar el plan que tiene pensado seguir el Ejecutivo de Rajoy para evitar el colapso del crédito y, por tanto, la ruina de empresas y familias.
La presentación extensa sobre la reforma ya la hizo De Guindos este jueves desde su sede, el Ministerio de Economía. Este viernes, únicamente ha acompañado a la portavoz para matizar ciertos asuntos y volver a explicar, en el caso de que hiciera falta, las dudas que quedaron pendientes. Entre los anuncios más importantes que ha hecho el ministro, se encuentra la reducción de los sueldos de los directivos y consejeros de las entidades bancarias con ayudas públicas; así como también la modificación de algunos aspectos de las Cajas de Ahorros. Dos nuevas medidas que se unen a las ya expuestas por el ministro anteriormente, por ejemplo, la provisión adicional a la banca por importe de 50.000 millones de euros.
Según ha informado De Guindos, el Gobierno ha limitado a 600.000 euros el sueldo de la cúpula en las entidades que han recibido ayudas públicas y a 300.000 euros en las que han sido intervenidas por el Estado. En el caso de las entidades asistidas con dinero del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), la retribución será reducida en un 67% para los presidentes y en un 65% para los consejeros delegados y los directores generales. En cuanto a la retribución variable y a las aportaciones por planes de pensiones , éstas serán suspendida durante tres años, plazo a partir del cual se analizará la situación del banco que dejan los directivos. Por su parte, los presidentes de las entidades intervenidas verán reducidos sus sueldos en un 75%, mientras que los consejeros delegados y directores en un 66%.
En este sentido, y según ha anunciado el ministro de Economía, los directivos no ejecutivos de las entidades que pidan préstamos al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) cobrarán un maximo de 100.000 euros, mientras que los directivos de las intervenidas tendrán un sueldo máximo de 50.000 euros.
Modificación en las cajas de ahorros
La segunda de las medidas anunciadas ha consistido en la modificación de algunos de los aspectos de las cajas de ahorros. En primer lugar, los órganos de gobierno de las entidades, que quedarán reducidos a dos: la asamblea general y el consejo de administración, cuyo número de miembros se detallará en los estatutos de las mismas. Sólo se sumará en caso de que sea «necesario y razonable» la comisión de control.
Y en segundo lugar, la ayuda a obra social. Tal y cómo ha explicado el titular de Economía, al menos el 90% de los dividendos que obtengan las cajas deberán destinarse «obligatoriamente» a la obra social. Por el contrario, se les exime de la auditoria interna, puesto que han cedido su actividad bancaria. Asimismo, se modifica el umbral para convertirse en fundación y se establece en el 25% del capital. A partir de este nivel, las cajas deberán convertirse forzosamente en fundaciones de régimen especial.
Elsa Sardina Vejo