La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha avanzado este martes la intención del Gobierno de limitar las prejubilaciones a «circunstancias muy excepcionales», así como de acercar la edad real de jubilación a la edad legal.
Así lo ha puesto de manifiesto durante su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, donde también ha defendido que se pueda «compatibilizar el cobro de una pensión y la continuación en el mercado laboral» para quien lo desee.
El paro, vía de acceso a la jubilación
Báñez ha resumido en tres ejes las reformas en materia de pensiones que pondrá en marcha el Ejecutivo. En primer lugar, se «acercará la edad real de jubilación a la edad legal» para poder «disminuir las prejubilaciones salvo circunstancias muy excepcionales y afrontar de otra manera ese recurso».
En este sentido, ha señalado que más del 50% de las nuevas jubilaciones en el Régimen General se producen antes de los 60 años. La edad de jubilación real para el conjunto del sistema se situó el pasado mes de junio en 63,82 años, por debajo, pues, de los 65 años exigidos actualmente (la reforma de pensiones aprobada por el anterior gobierno, que entrará en vigor en enero de 2013, elevará la edad de jubilación legal hasta los 67 años de manera progresiva).
Asimismo, Báñez ha indicado que se trabajará para favorecer la «prolongación voluntaria de la vida laboral y compatibilizar el cobro de una pensión parcial y la continuación en el mercado laboral», otorgando «libertad de elección sobre la jubilación».
La ministra ha defendido además que «el camino hacia un sistema sostenible requiere promover que la pensión sea más proporcional a las cotizaciones realizadas» a lo largo de la vida laboral, y ha reiterado la necesidad de que las personas sigan trabajando más allá de la edad legal de jubilación de manera voluntaria. En este punto, ha indicado que sólo el 6% de los trabajadores que se jubilan prolongaron voluntariamente su vida laboral, consiguiendo así mejoras en la cuantía de su pensión.
Asimismo, ha dicho que el Gobierno tratará de frenar el uso que se hace de la prestación por desempleo como mecanismo de acceso «encubierto» a la jubilación. De hecho, de acuerdo con los datos que proporcionó, el 25% de las personas que acceden a la jubilación proceden del desempleo.
Volver al pacto de Toledo
Por otra parte, la ministra ha asegurado que trabajará para que las pensiones, «el principal pilar del sistema de protección social», vuelvan al Pacto de Toledo, ante cuya comisión permanente se ha comprometido a comparecer.
«Nuestro sistema de pensiones es una gran construcción de protección de la que todos nos sentimos orgullosos. Pero es, sin duda, mejorable y de necesaria adaptación. Este Gobierno será un actor decidido a favor de la consolidación, el refuerzo, la modernización y la adaptación permanente. Y apelo a la colaboración de todos para que, en esta época de crisis, sea un referente de seguridad, tranquilidad y confianza», ha dicho.
En este sentido, ha recordado que una de las primeras medidas adoptadas por el Ejecutivo central fue revalorizar las pensiones mínimas «por cumplimiento del Pacto de Toledo».
Proyecto de ley de mutuas de accidentes
Por otra parte, Báñez también ha anunciado su intención de presentar un proyecto de ley para las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social «en los próximos meses», tras una ronda de contactos con los agentes sociales.
El objetivo será «reconducir la situación» de estas entidades «tras una etapa de enorme intervencionismo que ha llevado al sector a una difícil situación», así como darle «mayor autonomía de gestión, compatible con la mayor exigencia de control y transparencia» que exige la actual coyuntura económica.
También «está en fase de elaboración» el proyecto de Real Decreto para «regular el convenio especial para las personas con discapacidad», que busca «regular una mejor protección social» de este colectivo.
Agencia estatal de la seguridad social
Por último, la ministra de Empleo ha indicado que su equipo modificará el proyecto de «transformación organizativa» de la Seguridad Social que estaba planteado a través de la creación de una agencia estatal.
A su juicio, la importancia de esta materia «justifica sobradamente (la redacción de) un proyecto de ley» en el que se «garantizará la precisión y amplitud con la que debe abordarse un proyecto de tal dimensión» que supondrá la «integración de las principales funciones y la puesta en marcha de adaptaciones y modernización de los procesos».
Por último, la ministra se ha comprometido a seguir impulsando los controles de la recaudación basados en «las cuentas de la Seguridad Social para cada trabajador» con el objetivo de «mantener y mejorar los índices recaudatorios», así como una «mayor eficacia y universalización en el uso del sistema de gestión electrónica de datos».
Y Rajoy dejó caer la palabra huelga
Mientras las organizaciones empresariales han urgido a aprobar la reforma laboral cuanto antes, CC.OO. y UGT han pedido que el Gobierno les convoque y abra una negociación tripartita para impedir que lo que se apruebe tenga el efecto contrario al deseado y se destruya más empleo.
Los sindicatos se temen iniciativas impopulares en la reforma o, por lo menos, así se puede interpretar del aviso que lanzó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su primera cumbre europea: «La (reforma) laboral me va a costar una huelga», le confesaba el jefe del Ejecutivo al presidente de Holanda y al primer ministro de Finlandia.
Redacción