El Congreso de los Diputados da luz verde a la convalidación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy. La nueva normativa ha contado con 197 votos a favor, 142 en contra y ninguna abstención. Entre los partidarios de esta iniciativa se han posicionado el Partido Popular – como no podía ser de otra forma- CiU, UPN y Foro Asturias. El resto han votado en contra de una iniciativa cuyo debate ha caldeado el Hemiciclo.
Como si de un campo de batalla se tratara. Así es como este jueves se ha vestido el Congreso de los Diputados en el debate de convalidación de la nueva reforma laboral. En un lado el Gobierno, arropado por su grupo parlamentario; y en el otro, los que hasta hace escasos meses lo formaban, el grupo parlamentario socialista. Cruce de acusaciones, pitidos y abucheos para la aprobación de la que sin duda es la reforma más importante y trascendental de las que va a acometer el Ejecutivo durante esta legislatura. Seguro va a haber muchos recortes y cambios profundos en varios sectores -como el financiero o el de la Administración Pública-, pero nada será tan importante como la reforma del mercado de trabajo, donde sin duda, reside el mayor drama de nuestro país, tal y como pudimos comprobar este miércoles tras la publicación de la última encuesta del CIS.
Este jueves, los partidos mayoritarios en el Congreso -PP y PSOE- no han dicho nada que no dijeran con anterioridad. Por un lado, los ‘populares’ se han mostrado muy convencidos y seguros de sí mismos. “Esta reforma es necesaria, justa y equilibrada”, ha reiterado en varias ocasiones la ministra de Empleo, Fátima Báñez, al inicio de su intervención en esta nueva sesión en el Parlamento español. En las antípodas de este planteamiento se han situado los socialistas, con Soraya Rodríguez al frente, que han defendido una postura radicalmente contraria y opuesta a la propuesta que este jueves aprobará en el Congreso el Ejecutivo de Rajoy. Ha sido en medio de este ambiente de crispación, en el que se ha producido un acalorado debate que nula solución de entendimiento presentaba.
Para unos -el Gobierno y el grupo parlamentario del PP principalmente-, nos encontramos ante una reforma que dará solución a todos nuestros males. Para otros, los socialistas, nos encontramos ante una “mala, malísima” normativa que facilitará el despido y reducirá los derechos de los trabajadores. Ahora bien, que nadie se lleve a engaños. La resolución de este conflicto ya estaba escrito con antelación. La mayoría absoluta del PP en el Congreso dejaba poco margen de maniobra. La reforma ya estaba aprobada; y este jueves no estábamos ante nada que no fuera un mero formalismo. No olvidemos que los dos grupos mayoritarios llevan enfrentados por esta nueva normativa desde que fuera aprobada el pasado 10 de febrero en el Consejo de Ministros, siendo en las últimas semanas la principal causa de disputa entre ‘populares’ y socialistas dentro y fuera del Hemiciclo.
El diálogo social, punto caliente del debate
Este miércoles, en la Sesión de Control al Gobierno, ya pudimos presenciar un adelanto de lo que este jueves pasaría en la Cámara Baja. En la sesión pasada, Alfredo Pérez Rubalcaba, acusó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de no dialogar con los agentes sociales en la elaboración de este importante texto. Reproche al que Rajoy contestó con una comparación: «Ustedes también lo hicieron en el pasado y entonces parece ser que no estuvo mal». Este jueves, la ministra de Empleo no quiso pasar por alto esta acusación y defendió más extensamente la postura del Ejecutivo: «Esta reforma apuesta por el diálogo social, el diálogo permanente y el diálogo hasta el final», ha dicho Báñez, justo un día antes de que CCOO y UGT se reúnan para valorar la posibilidad de convocar una huelga general.
Durante su primera intervención en el debate, Báñez reiteró en hasta tres ocasiones que la reforma laboral se ha gestado con la participación de los agentes sociales. Según ha dicho, el Real Decreto «incorpora» las aportaciones de patronal y sindicatos a partir del acuerdo de moderación salarial y desarrollo de la negociación colectiva aprobado en el mes de enero. «Esta reforma laboral potencia el diálogo permanente y la esencia del diálogo social, amplía las capacidades negociadoras de los agentes sociales y es respetuosa con el resto de ámbitos de negociación», aseguró. Prueba de todo ello, según Báñez, es que el Gobierno ha optado por tramitar la norma como proyecto de ley «para hacerla más eficaz».
Una explicación que no le ha valido a la portavoz del grupo socialistas, que ha votado no a la iniciativa y ha vuelto a insistir en que lo que esta reforma propiciará no será el diálogo, sino una toma de decisiones unilateral por parte de la patronal. «A partir de ahora todo será decidido por el empresario. Los pactos se acabaron», ha advertido la socialista, que ha aprovechado su intervención para insistir en que se escuche a los sindicatos y recordarle al Gobierno la carta que hace escasas semanas le remitieron; en la que denunciaban que era la primera vez en la historia democrática que una reforma laboral de tal envergadura era aprobada sin haber sido pactada con los sindicatos.
Partidarios y opositores a esta reforma
El despido fácil, el desequilibrio en el diálogo social y la bajada indiscriminada de sueldos han sido algunos de los argumentos que han esgrimido los grupos que han dado un «no» a esta nueva normativa laboral. Rosa Díez, líder de UPyD, cree que la nueva reforma laboral propuesta por Rajoy, a corto plazo, empeorará la situación. «La nueva ley facilita el despido de los trabajadores indefinidos y favorece que las empresas hagan uso de estos despidos para sustituir a esos trabajadores por otros menos costosos», ha advertido la parlamentaria.
En este mismo sentido se ha manifestado el diputado de PNV, Emilio Olabarría. «Esta medida no creará empleo a corto y medio plazo», ha dicho el parlamentario nacionalista, que ha añadido al final de su intervención: «Vencerá pero no convencerá». Por su parte, Izquierda Plural, tampoco ha perdido la oportunidad de rechazar en el Congreso una normativa que califica de injusta y ineficaz e inútil. «Esta reforma ni siquiera beneficia a los emprendedores, sino sólo a las grandes corporaciones, y no apoya a las pymes, que lo que necesitan es financiación y políticas de reactivación, y no trabajadores con menos derechos. Los efectos colaterales de la reforma serán más desempleo, la sustitución de trabajos fijos senior por junior y el incremento del gasto por desempleo», ha asegurado el Joan Coscubiela.
Palabras muy amables si las comparamos con las del diputado de ERC, Joan Tardá, para quien la nueva ley fomentará el «terrorismo empresarial» y supondrá un «atentado laboral». «¿Dónde están las garantías de que, con la misma velocidad que se quitan los derechos escudándose en la crisis, se devolverán cuando mejore la situación económica?», ha concluido Tardá.
Tras una larga ristra de «noes», ha llegado el momento de los «síes». CiU, PNV y Foro Asturias se han posicionado a favor del Gobierno y del grupo parlamentario que lo sustenta, el PP. Apoyo gracias al cual han logrado rozar los 200 votos positivos. El portavoz de Empleo de CiU, Carles Campuzano, ha reconocido que la reforma no es la que habría elaborado su grupo, pero ha justificado su voto favorable en que es «amplia y profunda», así como positiva para mejorar la competitividad del tejido empresarial español.
Por su parte, Carlos Salvador, de UPN, ha considerado que «con cinco millones de parados la opción de no hacer nada no es una opción» aunque ha criticado algunos elementos incluidos en el texto que intentará «mejorar» en su trámite como proyecto de ley. Y finalmente, el diputado de Foro de Asturias, Enrique Álvarez Sostres, ha asegurado que «era necesaria una iniciativa de este tipo para homologar el mercado de trabajo español al de los países europeos», aunque no ha querido desaprovechar la oportunidad que le ha brindado el Parlamento, para reclamar un esfuerzo de diálogo con los agentes sociales y proponer que la reforma se «explique en la calle».
¿Y ahora qué?
Este miércoles, además de la convalidación de la reforma laboral se ha producido la votación de la tramitación como proyecto de Ley. Esta segunda votación, a diferencia de la primera, ha sido aceptada por unanimidad. Así que a partir de ahora, se abrirá un primer plazo de enmiendas a la totalidad.
El PSOE ya ha anunciado su propia propuesta alternativa. En principio, todo parece indicar que se basará, en primer lugar, en la reforma realizada en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que le costó una huelga general; y en segundo lugar, en el acuerdo alcanzado por los agentes sociales a finales de enero sobre la moderación salarial y la negociación colectiva.
A continuación, el Gobierno se pronunciará al respecto. La ministra de Empleo ya adelantó hace unas semanas que en principio no tiene pensado modificar el eje central de la reforma. Y entonces será cuando los socialistas decidan si presentan un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), o bien acatan la imposición gubernamental.
Elsa Sardina Vejo