La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, ha denunciado ante el Pleno del Congreso la falta de coherencia del PSOE porque, según ha recalcado, ahora apoya la huelga general contra la reforma laboral cuando a finales de 2010 desde las filas socialistas se pedía a los sindicatos que la desconvocaran apelando al «patriotismo».
De esta forma ha respondido, en la sesión de control al Gobierno, a la portavoz parlamentaria del Grupo Socialista, Soraya Rodríguez, que ha recriminado al Ejecutivo de Mariano Rajoy haber iniciado «una campaña de descalificación contra los sindicatos y de intoxicación contra todos aquellos que están en contra de la reforma laboral».
Tras asegurar que esta reforma «responde a los intereses de las organizaciones empresariales», Rodríguez ha enumerado más ejemplos para corroborar su tesis de que las decisiones del Gobierno no obedecen al interés general sino a «grupos de interés».
Así, ha citado lo que ha ocurrido en el sector eléctrico, ya que, según ha señalado, «tras una aparente negociación» con las compañías del sector «parece» que han «ganado el pulso» al Gobierno puesto que «el déficit tarifario lo van a pagar sólo los consumidores». «Ya nos han anunciado una subida del recibo de la luz que se pondrá en marcha tras las andaluzas y las asturianas», ha proclamado.
También ha mencionado la reforma de la Ley del Aborto que, a su entender, «responde única y exclusivamente a un sector de la Iglesia católica que quiere imponer por ley su moral y sus creencias religiosas».
«Siete millones de euros en propaganda»
Igualmente, Rodríguez ha metido en este paquete el Código de Buenas Prácticas que aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros, «voluntario para la banca y restrictivo para el colectivo beneficiario». «Para la banca un código voluntario y para las mujeres, un código muy distinto, el Código Penal», ha exclamado, cosechando un aplauso de la bancada socialista.
Pero la portavoz socialista ha puesto el acento en las dos cartas que ha enviado el Ministerio de Trabajo, una sobre la subida de las pensiones y otra relativa a la subida de impuestos a los trabajadores, algo que, ha recalcado, «tiene máxima gravedad» porque «se hace propaganda del Gobierno con presupuesto público».
«¿Sabe lo que ha costado esto? Siete millones de euros», ha recalcado, para añadir que los españoles «merecen una explicación» sobre este gasto, «sobre todo cuando el Ejecutivo ha decidido reducir al 50 por ciento las becas en el extranjero para el inglés». Tanto Rodríguez como Alfredo Pérez Rubalcaba han mostrado las citadas cartas desde su bancada.
«Amplio respaldo social» del Gobierno
En su turno, la vicepresidenta ha afirmado que el Gobierno «cumple con su deber al servicio de todos los españoles» y ha resaltado que defender los intereses generales es «gobernar de acuerdo con la voluntad general».
En este sentido, ha señalado que el Gobierno del PP cuenta con «un amplio respaldo social» para hacer las reformas. «Y lo está haciendo con diálogo», ha exclamado, recordando que tanto la reforma del sistema financiero como el decreto de pago a proveedores se han aprobado con un respaldo del 90 por ciento de la Cámara Baja.
Además, ha subrayado que «gobernar de acuerdo con los intereses generales es hacerlo con justicia y equidad», algo que, ha proseguido, está realizando el Ejecutivo de Rajoy con medidas como la actualización de la pensión de seis millones de pensionistas o la propuesta «contra los desahucios», una iniciativa que «no hizo el Gobierno del PSOE y que ahora defiende en la oposición».
Y sobre la huelga general, la vicepresidenta del Gobierno ha recriminado al PSOE su falta de coherencia. «La mayor coherencia para defender el interés general es que se diga lo mismo en la oposición y en el Gobierno. Y el PP ha dicho antes y ahora que las huelgas generales no son la solución. No hace mucho tiempo desde las filas socialistas pedían un acto de patriotismo a los sindicatos para que desconvocaran la huelga en 2010», ha aseverado, para recalcar que «lo único que ha cambiado es la posición del PSOE».