El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha aprovechado su intervención en la Sesión de Control al Gobierno de este miércoles para anunciar algunos de los puntos que incorporará el nuevo plan de lucha contra el fraude que tiene pensado aprobar en el Consejo de Ministros de este viernes. Limitar el pago en efectivo a 2.500 euros de aquellas transacciones «en las que al menos intervenga un empresario profesional» es uno de ellos, y según ha asegurado el presidente, quien no cumpla con esta restricción podrá ser sancionado con una multa de hasta el 25% de las cantidades pagadas.
Rajoy ha lanzado este anuncio tras el reproche que le ha hecho el diputado de IU, Cayo Lara, por la amnistía fiscal que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 30 de marzo, junto a los Presupuestos Generales del Estado, y la efectividad real de la misma. Soraya Sáenz de Santamaría ya anunció hace unos meses que el plan de lucha contra el fraude que tenía en mente aprobar el Gobierno, y que finalmente irá acompañado de la primera amnistía en 20 años, incluiría limitaciones en el uso del dinero en efectivo, como ya ocurre en Italia y en Francia. En un principió se habló de un límite de 1.000 euros, aunque sólo fueron rumores. Lo cierto es que el Ejecutivo no se había pronunciado al respecto hasta este miércoles en el Congreso, donde el presidente ha vuelto a apelar a la herencia recibida para explicar las iniciativas adoptadas hasta el momento.
Según Rajoy, y en respuesta a la pregunta inicial de Lara, la recién aprobada amnistía fiscal «es una medida excepcional, para tiempos excepcionales». La situación de España es «complicada» y necesita aumentar «sus ingresos». Para Rajoy, cumplir con el objetivo de déficit en 2012 y 2013 es un compromiso «ineludible» de su Gobierno, y en este contexto ha enmarcado la controvertida medida con la que el Gobierno pretende ingresar 2.500 millones.
El presidente del Gobierno ha asegurado que se trata de una recomendación de la OCDE, «para situaciones complicadas», y ha recordado que otros países como EEUU, Alemania e Italia ya la han puesto en práctica. De hecho, Rajoy ha refrescado la memoria a la Cámara y ha insistido en que en España él no ha sido el primero en aprobar una medida de estas características. En 1977, 1984 y 1991 España puso en práctica amnistías fiscales, aunque con una clara diferencia con respecto a la última aprobada -ha recordado Rajoy-, puesto que entonces los defraudadores que afloraron activos no pagaron nada a Hacienda, y en esta ocasión estarán obligados a devolver entre el 8% y el 10%.
Cayo Lara pone en evidencia las contradicciones de Rajoy
Cayo Lara, por su parte, ha reconocido ser consciente de la situación que vive España, aunque ha asegurado no estar de acuerdo, ni creer en la efectividad de las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo de Rajoy. De hecho, ha aprovechado su segunda intervención para recordar al presidente algunas de las declaraciones que él y su partido hicieron en el pasado sobre la amnistía fiscal. «Entonces se mostraron muy contrarios, y ahora han decidido enmarcarla como una medida necesaria», le ha espetado el diputado de IU, para quien la amnistía no sólo es «injusta» e «inútil» sino también «inconstitucional». «La amnistía fiscal permite que nos sigan robando a todos con impunidad. El problema del fraude no se resuelve recortando el presupuesto de la Agencia Tributaria y perdonando a los defraudadores», ha sentenciado Lara.
Elsa Sardina Vejo