Tras una carrera de vértido, el Gobierno, finalmente, conseguirá aprobar la Ley de Estabilidad Presupuestaria con el apoyo de CiU y la abstención del PNV. Ambos grupos parlamantarios han confirmado en un encuentro que han mantenido con los periodistas en el Congreso de los Diputados que las negociaciones mantenidas con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Economía, Luis de Guindos, han llegado a buen puerto. CiU votará a favor y el PNV se abstendrá gracias a la permisividad del Gobierno con ciertas enmiendas que habían planteado dichas formaciones.
Según ha confirmado el portavoz del PNV, Josu Erkoreka, en los pasillos del Hemiciclo, el Gobierno ha aceptado reconocer la especificidad de los regímenes forales mediante la vuelta a la redacción normativa de 2004. Éste ha sido el motivo por el que su grupo parlamentario ha decidido cambiar al sentido de su voto inicial, que era negativo. Durante la Comisión de Hacienda del pasado lunes, el PNV votó en contra de la ponencia de la ley después de que los ‘populares’ rechazaran incluir este cambio, y el portavoz vasco, Pedro Azpiazu, expresó su enfado por su «falta de voluntad negociadora». «El PP no sabe qué hacer (con esta enmienda). Si no es aceptada ni hoy ni el jueves el comportamiento de este portavoz y de este grupo va a estar muy condicionado por eso. Esto parece una tomadura de pelo», reprochó.
En lo que a CiU respecta, el Gobierno también ha decidido aceptar varias de sus enmiendas, por ejemplo, flexibilizar los plazos de amortización de deuda de las comunidades autónomas. Josep Sánchez Llibra, portavoz económico de CiU, ha alabado la «sensibilidad» de la vicepresidenta y se ha referido a las previsiones de la UE que permiten que esa amortización se amplíe a 20 años, lo que alivia la situación de las Administraciones que cumplan con las exigencias de reducción de déficit.
Los socialistas, por su parte, también han utilizado los pasillos del Hemiciclo para anunciar su posición al respecto: un NO a la Ley de Estabilidad Presupuestaria por considerar que se incumple el acuerdo del pasado agosto para modificar la Constitución y establecer en el 0,4% el déficit estructural desde 2020. Según Soraya Rodríguez, el Ejecutivo de Mariano Rajoy está llevando a cabo medidas «muy erróneas y claramente ineficaces desde el punto de vista económico» y cree que el presidente finalmente se acabará «arrepintiendo» si no acepta la propuesta de consenso que en varias ocasiones le ha ofrecido el secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Aprobada con menos apoyo que la reforma constitucional
Ante este panorama, queda evidenciado, que la Ley de Estabilidad Presupuestaria será aprobada este jueves por el Pleno del Congreso con menos apoyo parlamentario que la reforma constitucional que aprobaron conjuntamente hace siete meses el PP y el PSOE. El nudo gordiano del desacuerdo se encuentra en el límite de déficit estructural, que el Gobierno ha fijado en el 0% a partir de 2020 frente al 0,4% que, según los socialistas, se había acordado el pasado verano y que ahora se limita a las circunstancias excepcionales. Además, el PSOE también discrepa de la senda de reducción de la deuda pública que el Ejecutivo ha marcado en la norma.
No obstante, y pese al rechazo de los socialistas, el Gobierno y el Grupo Popular aún cuentan con poder conseguir el apoyo en la votación de UPN y UPyD, que lograron introducir algunas modificaciones técnicas en el texto. No obstante, dichos apoyos aún no le han sido confirmados a Estrella Digital.
Así pues, el texto que se apruebe este jueves se remitirá al Senado, que puede interponer un veto, poco probable ante la mayoría absoluta del PP; introducir enmiendas, con lo que el proyecto debería ser votado de nuevo en el Pleno del Congreso; o aprobar el texto en los mismos términos en que le fue remitido, en cuyo caso la ley quedaría ya definitivamente aprobada.
De esta manera, la normativa podría entrar en vigor ya a principios de mayo, lo que a juicio del Gobierno permitiría a España afrontar con mayores garantías las acometidas de los mercados internacionales y acceder en mejores condiciones a la financiación lo que, a su vez, permitiría inyectar liquidez a la economía real para recuperar la senda del crecimiento y de la creación de empleo.
Elsa S. Vejo/Agencias