El Gobierno tiene «serias discrepancias» con algunos de los planes de ajuste enviados por las comunidades autónomas para poder acogerse al mecanismo de pago a proveedores, por lo que, dado que su prioridad es cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, «no dudará» en intervenir aquellas comunidades que no puedan «cumplir sus obligaciones financieras», si bien no ha especificado a qué regiones se refiere.
Así lo ha advertido este miércoles el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso y también en declaraciones a los periodistas tras su intervención, donde ha explicado que las autonomías ya han remitido al Ministerio de Hacienda sus planes de ajuste, que serán aprobados o rechazados en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), prevista para la primera quincena de mayo.
«A partir de ahí se tomarán todos los mecanismos de la Ley de Estabilidad, sin dudar siquiera de la intervención, de la que una comunidad autónoma podrá ser objeto si manifiesta no poder cumplir sus obligaciones financieras. Si queremos generar confianza tenemos que demostrar que nuestra palabra vale algo», ha señalado.
Beteta ha remarcado que las comunidades autónomas podrán ser intervenidas en un plazo de seis meses a partir de que se rechacen los planes de ajuste por no cumplir los objetivos de déficit o por no tener suficiente «capacidad» para devolver los gastos financieros que le generen los créditos del mecanismo de pago a proveedores.
No se mirará en color político
Así pues, el secretario de Estado ha insistido en que, si el Ejecutivo ve necesario intervenir una comunidad autónoma, «se hará», y ha hecho hincapié en que «no va a mirar el color político» de quien gobierne esa región, sino únicamente «la necesidad de que se cumpla la ley».
Según ha explicado a los medios después de la comparecencia en la Comisión, algunos planes de ajuste de comunidades ya han sido examinados por el Gobierno y están «conformes, en un proceso de mínimas aclaraciones», si bien con otros existen «serias discrepancias porque contienen partidas de ingresos que no se soportan con los Presupuestos Generales del Estado».
No obstante, Beteta no ha querido concretar a qué autonomías se refiere, ya que ha dicho que hay que esperar al Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde todos los planes de ajuste se expondrán «públicamente para que el conjunto de las regiones puedan dar opinión y conocer también la del Estado».
Eso sí, ha advertido de que, en caso de que persistan esas «discrepancias» con las comunidades, el plan de ajuste no será aprobado en el Consejo y «empezará a cumplirse lo dispuesto en la ley en su fase uno», lo cual, si no se cumplen los objetivos de estabilidad, podría llevar a la intervención.
Tras la comparecencia del secretario de Estado, la diputada socialista Meritxell Batet ha dicho haberse «sorprendido» por los términos utilizados por el secretario de Estado, en concreto por la palabra «intervención», la cual, a su juicio, «no genera demasiada seguridad».
En este sentido, Batet ha afirmado, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, que en la configuración del Estado español existen «mecanismos» como el Consejo de Política Fiscal y Financiera para «llegar a acuerdos conjuntamente» entre el Gobierno y las comunidades autónomas que no hacen necesario llegar a la intervención.
En su opinión, las palabras de Beteta son «una bravuconada más como otras que ha hecho», por lo que le ha pedido que explique «mucho mejor» a qué se refiere con intervención. «¿Quiere decir llegar a la suspensión de una autonomía? Entiendo que no es lo que quería decir, pero en todo caso no genera demasiada seguridad», ha indicado.
Además, la diputada socialista ha señalado que sería «importante» que los partidos que han apoyado en el Congreso la Ley de Estabilidad Presupuestaria –CiU, UPyD, Foro y UPN– «sepan que el Gobierno está pensando en una intervención».
Valencia, la comunidad con más deuda
Por otro lado, la Comisión de Presupuestos del Congreso también ha servido para que el secretario de Estado haya dado a conocer las cifras individualizadas de las comunidades autónomas que se han acogido al plan de pago a proveedores. En total han sido 14, ya que Galicia, País Vasco y Navarra han rechazado adherirse a este mecanismo.
Como ya adelantó este martes el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, la deuda de las comunidades con proveedores asciende a 17.255 millones de euros que corresponden a más de 3,9 millones de facturas. Andalucía es la región que más facturas ha presentado (772.758), por delante de Castilla-La Mancha (611.766) y la Comunidad Valenciana (578.647), si bien es esta última la que tiene la mayor deuda, de más de 4.200 millones de euros.
La segunda en el ranking de deuda es Andalucía, con 2.763,5 millones, seguida de Castilla-La Mancha, con 2.510,4 millones; Cataluña, con 1.984,7 millones; Madrid, con 1.279,4 millones; Murcia, con 1.173,3 millones; Castilla y León, con 1.066 millones; Baleares, con 742,3 millones; Aragón, con 405,6 millones; Cantabria, con 329 millones; Asturias, con 259 millones; Canarias, con 232,7 millones; Extremadura, con 227,2 millones; y La Rioja, con 76 millones.
Aunque la diputada del PSOE ha subrayado durante la Comisión que su grupo respalda este plan de pago, ha dicho no estar de acuerdo con las «condiciones» impuestas a las administraciones públicas que se hayan querido acoger a él. Sobre todo ha puesto el acento en el tipo de interés del 5 por ciento al que deberán devolver los préstamos que utilicen para pagar a sus proveedores.
Por lo tanto, en su opinión se trata de un «instrumento muy caro», al tiempo que considera que con los planes de ajuste que tienen que elaborar comunidades y entidades locales éstas se verán «abocadas al despido de personal laboral, subida de tasas e impuestos o disminución de prestación de servicios públicos», entre otras medidas, para poder hacer frente al pago de los créditos.
Sobre el tipo de interés, Beteta ha negado que sea caro. Es más, ha asegurado que «no puede ser más barato» porque el mecanismo de pago ofrece la posibilidad de dos años de carencia y diez años para devolver los préstamos.
En cuanto a los planes de ajuste, el secretario de Estado ha respondido a la diputada que cada administración tendrá «libertad para elegir entre cobrar más o gastar menos o un mix de las dos». «Yo creo en la libertad de cada administración. Sólo exijo que se cumpla la estabilidad presupuestaria. Hay facturas en pesetas y es algo que nos debería avergonzar», ha explicado.