El Consejo de Ministros ha aprobado elevar de cinco a 10 años la prescripción del delito fiscal y permitirá a la Hacienda Pública cobrar los ingresos pendientes durante la tramitación de los procesos penales por estos delitos para evitar que se malvendan los bienes.
Esta medida supondrá una modificación Código Penal, mediante la tramitación de un Anteproyecto de Ley que será remitido al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial para la emisión de los correspondientes informes.
El Gobierno introduce también la inhabilitación de hasta diez años de los gestores públicos que falseen datos de las cuentas públicas y aumentará el control del fraude laboral a la Seguridad Social. Este cambio legislativo se incluirá en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Ley de Transparencia.