La banca española necesitará dinero público para cumplir con las nuevas exigencias de provisiones para el crédito sano al ‘ladrillo’ contenidas en el último decreto de reforma financiera aprobado el pasado viernes por el Gobierno, según Fitch.
La agencia de calificación crediticia considera que la decisión de elevar del 3% al 7% la cobertura de estos créditos al sector inmobiliario sin incidencias de pago es «positiva» para el sector financiero español y recuerda que la aportación pública se limitará a 15.000 millones de euros.
En este sentido, Fitch especifica que el Estado no asumirá todo el impacto de los nuevos requierimientos de provisión e incide en que grandes bancos como Santander y BBVA no necesitarán respaldo de dinero público gracias, principalmente, a su diversificación geográfica.
La firma apunta que el esfuerzo en provisiones por importe de entre 30.000 y 35.000 millones de euros es negativo para la calificación de deuda soberana de España, si bien precisa que ya ha descontado su efecto.
No obstante, indica que revisará su análisis sobre el ‘rating’ de España a la luz del deterioro económico y ante la posibilidad de que el Ejecutivo español acometa nuevas reformas que aumenten la presión sobre otros componentes de la cartera de crédito de la banca.
Fitch considera, por otro lado, que el último desarrollo de la reforma financiera podría acentuar la tendencia bajista de los precios de la vivienda a medida que las entidades transfieran sus activos adjudicados a una sociedad independiente para que los gestione y les dé salida.
A su parecer, es previsible que los precios de la cartera de activos inmobiliarios de los bancos «siga cayendo de forma significativa».
Para Fitch, la creación de vehículos en los que las entidades aparcarán sus activos tóxicos del ‘ladrillo’ supondrá un cambio significativo en el lento proceso de salida de sus balances registrado hasta ahora.
Estrella Digital/EP