La Comisión Europea ha recomendado este miércoles a España que rebaje las cotizaciones sociales y compense la pérdida de ingresos con un aumento del IVA y que acelere el retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas a largo plazo.
«España tiene margen de maniobra para mejorar la eficacia del sistema fiscal desplazando los ingresos hacia los impuestos que crean menos distorsiones, como los que gravan el consumo (en particular el IVA)», señala el informe elaborado por el Ejecutivo comunitario.
El aumento del IVA, sugiere Bruselas, podría lograrse suprimiendo gran parte de los tipos reducidos (8%) y superreducidos (4%) que se aplican a algunos productos. Los ingresos por IVA de España ascendieron al 5,5% del PIB en 2010, el porcentaje más bajo de toda la UE. Y el tipo normal del impuesto (18%) está entre los más bajos de los Estados miembros, según destaca la Comisión.
«Debido a la amplia aplicación del tipo reducido y el superreducido y a la cantidad de exenciones, el ingreso real por IVA alcanzó únicamente el 42% del nivel teóricamente posible», denuncia el Ejecutivo comunitario, que también lamenta la «falta de eficacia de las medidas para reducir el nivel de evasión del IVA».
Por lo que se refiere a las pensiones, la Comisión cree que la reforma aprobada en 2011 que retrasa la edad de jubilación a los 67 años y amplía en 10 años el periodo para calcular el importe de la pensión, y que se aplica progresivamente hasta 2027, es un «paso importante» pero no suficiente.
«Para mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas, el Gobierno debe garantizar suficientes superávits primarios a medio plazo, acelerar el incremento gradual previsto en la edad de jubilación y llevar a cabo una actualización anticipada del factor de sostenibilidad previsto en el sistema de pensiones reformado» para ajustarlo a los cambios en la esperanza de vida, reclama Bruselas.
Supresión de la deducción por vivienda
La Comisión Europea ha criticado este miércoles la subida del IRPF aprobada en diciembre por el Gobierno de Mariano Rajoy por considerar que va «en la dirección contraria» a las recomendaciones de la UE y ha reclamado la supresión de la deducción por vivienda que ha reintroducido el PP, recordando que contribuyó a crear la burbuja inmobiliaria.
El capítulo de fiscalidad e impuestos es el que recibe una nota más negativa en la evaluación que realiza del Ejecutivo comunitario de las reformas emprendidas por el Gobierno español. «España no ha tomado ninguna medida para aplicar la recomendación» formulada por la UE el año pasado de revisar la eficacia de su sistema tributario, lamenta el informe de la Comisión.
«Por el contrario, los recientes aumentos temporales en los impuestos indirectos, introducidos el 30 de diciembre de 2011, van en la dirección contraria a la recomendación del Consejo, ya que aumentan aún más la presión fiscal directa y por tanto las trabas al crecimiento del sistema fiscal español», resalta Bruselas.
En cuanto a la deducción por vivienda -suprimida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pero que Rajoy ha reintroducido para tratar de reactivar el mercado-, la Comisión considera que «reducir ventajas fiscales, como el trato fiscal favorable de la vivienda residencial (la deducibilidad de los pagos de intereses de las viviendas) aumentaría las bases fiscales y así ayudaría a mejorar la eficiencia del sistema fiscal».
El Ejecutivo comunitario recuerda que este tipo de incentivos «elevaron la deuda de los hogares y alimentaron la burbuja inmobiliaria en España».
Bruselas señala que los ingresos por los impuestos especiales sobre el tabaco y el alcohol en España son «relativamente bajos», y lo mismo ocurre con las tasas medioambientales. En este sentido, el informe señala que «hay margen para aumentar los impuestos especiales sobre los carburantes para el transporte».
También reclama precisiones sobre cómo se va suprimir progresivamente la ayuda al sector del carbón de aquí a 2018. Y pide más tasas para fomentar el reciclaje de residuos, así como un aumento de las tarifas del agua. «En particular, las políticas de precios de algunas regiones dan pocos incentivos a los agricultores para reducir el uso del agua para el regadío», dice la Comisión.