El secretario de Estado de Energía, Fernando Marti, ha calificado de «gravísimo» el problema del déficit de tarifa del sistema eléctrico y ha advertido de que, si no se toman medidas como las que prepara el Gobierno, el desajuste de este año podría alcanzar 4.000 millones de euros.
«Lo primero que tenemos que hacer es poner orden en las cuentas. Hemos recibido 24.000 millones de déficit eléctrico y cada año aumenta. Este año, 4.000 millones más. Tenemos que ajustar el déficit porque los ingresos son insuficientes para cubrir los costes», afirmó en una comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Senado.
La legislación establece que este año el déficit de tarifa no puede superar los 1.500 millones de euros y que en 2013 el sistema eléctrico debe dejar de ser deficitario. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha asegurado que se cumplirán estos objetivos.
Marti sostuvo que el Gobierno tiene una política energética «definida y concreta», y que la resolución del déficit de tarifa es «prioritaria». Para ello, recordó que ya se han tomado medidas como la moratoria a las renovables, el recorte a la distribución de las eléctricas y, con el objeto de cumplir las sentencias del Tribunal Supremo, una subida del 7% de la tarifa de luz.
Pese a estas medidas, una de las partidas que puede disparar la deuda eléctrica de este año son los costes de la actividad eléctrica extrapeninsular, que rondan los 1.900 millones de euros y que el Gobierno ha rechazado cargar a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), por lo que deberán ser sufragados a través de la tarifa de la luz.
El secretario de Estado explicó que el déficit de las cuentas públicas impide que los PGE puedan asumir este año los costes extrapeninsulares. «Pero la ley dice que las extrapeninsulares irán a los PGE, y esto no lo invalida, si bien este año Hacienda ha dicho que no», afirmó.
Dentro de la reforma energética que prepara el Gobierno para acabar con el déficit de tarifa, Marti citó entre los objetivos una mayor «competitividad en los mercados para mejorar el coste de la energía», así como «la protección de los consumidores, sin olvidar los precios de la energía y los costes que se deben afrontar».
«Rentabilidad razonable»
El Gobierno también apuesta por el fomento de las fuentes de generación eléctrica «autóctonas», tanto renovables como convencionales, y por una revisión de los costes del sistema a partir de «criterios de rentabilidad razonable».
Sobre este aspecto no ofreció más detalles, si bien algunos agentes del sector están reclamando un recorte en la partida de primas a las renovables, que superan los 5.000 millones anuales, para ajustar la retribución a estos criterios de «rentabilidad razonable».
Marti también dijo que el Gobierno trabaja en la nueva normativa de autoconsumo eléctrico y que, tras la reforma, estará «en condiciones» de abordar un nuevo sistema retributivo para el transporte y la distribución «a partir de mecanismos de mercado».
Estrella Digital/EP