La Conselleria de Salud de la Generalitat de Cataluña calcula que cada catalán pagará de media 13 euros al año con la nueva tasa del euro por receta, un concepto con el que el Govern prevé recaudar unos 100 millones de euros al año -50 millones en 2012- y que tiene un «objetivo disuasorio» en el consumo de fármacos.
En rueda de prensa para presentar la aplicación de la nueva tasa a partir de este sábado, el conseller Boi Ruiz ha señalado que el euro por receta «nunca supondrá una barrera de acceso» a los tratamientos, porque la tasa no afectará a unas 127.000 personas receptoras de pensiones no contributivas y de la renta mínima de inserción, entre otras.
Asimismo, el aplicativo informático que funcionará en las farmacias excluirá los productos dietoterapéuticos, los fármacos con un precio inferior a 1,67 euros, y reconocerá a aquellos pacientes que ya hayan recibido 61 recetas, y que por tanto no tendrán que pagar más, -36 recetas en 2012-, una casuística que afecta a unas 800.000 personas en Cataluña.
El conseller ha insistido que el pago de la nueva tasa es un tema solidario y de «conciencia social», por lo que la negativa del paciente a pagar perjudicaría al conjunto de la sociedad, si bien ha admitido la posibilidad de que alguien no abone el euro, en cuyo caso, a pesar de recibir el medicamento en cuestión, se incoará el procedimiento administrativo correspondiente.
Ruiz se ha comprometido a revisar cada mes el listado de las 127.000 personas exentas del pago, y ha admitido que durante las primeras semanas se pueden producir «algunas disfunciones» de carácter técnico en los aplicativos informáticos de cada farmacia, aunque una comisión se encargará de velar por subsanar los problemas que se produzcan.
El conseller ha agradecido a los colegios farmacéuticos su colaboración -éstos habían pedido retrasar la aplicación del euro por receta al mes de julio para evitar tener que hacer una doble facturación este mes-, y ha precisado que el nuevo sistema se ha puesto en marcha con un coste económico mínimo utilizando los recursos disponibles.
De hecho, ha puntualizado que «el farmacéutico no es un recaudador», sino un agente del sistema sanitario, y es el ciudadano al que afecta en primer lugar la obligación de la nueva tasa, al que se quiere concienciar para hacer un uso racional de las medicinas, ha insistido, aunque ha evitado marcar un objetivo de reducción en el consumo de fármacos.
Asimismo, ha precisado que la tasa se aplicará exclusivamente sobre recetas emitidas por el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) y dispensadas en Cataluña, por lo que quedan excluidos los fármacos que se suministran en hospitales y ambulatorios, si bien el pago podría incluir a ciudadanos de otras comunidades que vayan al médico en dicha región.
Recurso al TC
En 2011 el CatSalut cursó 155 millones de recetas en Cataluña que supusieron un desembolso de 1.692 millones de euros, lo que junto con los 600 millones que costaron los medicamentos dispensados en hospitales llevaron a la comunidad a que uno de cada cuatro euros gastados en salud se destinaran a pagar medicinas, ha explicado por su parte el director de la institución, Josep Maria Padrosa.
Con todo, ha señalado que la factura de farmacia del CatSalut representó en 2011 un 7,8% menos que el año anterior gracias a medidas de ahorro ya emprendidas, y ha añadido que la media fue de 223 euros de gasto por persona, aunque hasta el 30% de los catalanes no recibieron ninguna receta.
Preguntado sobre qué puede pasar si el Gobierno de Mariano Rajoy decidiera finalmente recurrir el euro por receta al implantarse únicamente en Cataluña, el conseller ha pedido «sentido común y coherencia», puesto que se trata de una medida contemplada en el plan de ajustes del Govern que pretende reducir el déficit y racionalizar el gasto sanitario, objetivos compartidos con el ejecutivo central.
Asimismo, no ha concretado si la tasa podría dejar de existir una vez superada la actual crisis, y ha agradecido el apoyo logístico de la Conselleria de Bienestar y Familia para poder sentar las bases de la exclusión del nuevo cobro a los 127.000 beneficiarios iniciales.