El grupo popular ha rechazado en el Congreso las propuestas de UPyD y el PSOE de extender la Renta Activa de Inserción a todos los parados y ampliar el salario mínimo interprofesional (SMI), actualmente en 641 euros al mes.
La iniciativa de UPyD consistía en permitir el acceso a la Renta Activa de Inserción a todo aquel trabajador desempleado «que haya agotado la prestación y el subsidio», eliminando así la restricción actual que exige a los beneficiados haber cumplido los 45 años para percibir la ayuda.
Por su parte, el PSOE proponía aumentar el salario mínimo un 1% y revisarlo semestralmente si no se cumplen las previsiones del índice de precios. Sin embargo, el PP también lo rechazó con el argumento de la falta de disponibilidad presupuestaria para poder cubrir nuevos compromisos de este tipo.
El ‘popular’ Gerardo Camps subrayó que el PP «no se opone al SMI ni a que se incremente en determinadas coyunturas económicas» pero ha señalado que no sería «razonable» hacerlo en la actual situación y ha pedido a la oposición «responsabilidad» en su voto.
Subida del salario Mínimo Interprofesional
El portavoz de CiU, Antoni Picó, subrayó que el SMI en España es «el segundo más bajo» de la UE-15, sólo por delante de Portugal; mientras que el portavoz del PNV en la comisión, Emilio Olabarria, opinó que, «aunque no es suficiente, el incremento del 1% es mejor que nada». También recordó que el incremento del SMI «no produce ningún desequilibrio presupuestario alguno» su congelación supone «grandes perjuicios porque supone no recibir lo suficiente para subsistir».
UPyD proponía también en la Comisión de Empleo la eliminación del carácter temporal de la Renta Activa de Inserción, que el Estado renueva cada seis meses, convirtiéndolo en un mecanismo permanente, así como homogeneizar los sistemas autonómicos habida cuenta de que, a su juicio, hay enormes diferencias entre las distintas comunidades, tanto en acceso a la ayuda como en su cuantía.
El portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, defendió la iniciativa recordando que la crisis es «una emergencia económica» pero «también tiene una cara social», con más de dos millones de parados que «han perdido ya toda protección» y para quienes los presupuestos «dan una respuesta inadecuada» y «aumentan el riesgo de exclusión social».
La diputada del PP María Concepción Bravo justificó el rechazo de su grupo al afirmar que «la renta activa va a un colectivo de parados de larga duración que tienen que tener un tratamiento especial» y «sacar esa renta a otras personas tendría un coste muy elevado que en este momento es muy difícil de asumir».
Concepción Bravo defendió la necesidad de buscar «un cambio de actitud» para «pasar de la cultura del subsidio a la de la formación» condicionando el cobro de este tipo de subsidios a «un compromiso demostrable de búsqueda activa de empleo o de formación para mejorar la búsqueda».
Tanto PSOE como CiU han propuesto enmiendas a la iniciativa. Así, la socialista Rosa Aguilar ha explicado que parte de un «análisis y diagnostico común», si bien ha criticado que UPyD busque «fortalecer el estado centralista». Por eso, le ha sugerido una enmienda de sustitución que incluye el análisis de la extensión de la Renta Activa de Inserción para posibilitar la extensión de su cobertura hasta 25% en 2013 y prorrogar el programa Prepara.
Por su parte, el portavoz del PNV, Emilio Olabarria, señaló que la iniciativa es «incompatible con la coyuntura económica» y ha lamentado que se intente «homogeneizar» las políticas autonómicas. En la misma línea se pronunció el diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Joan Coscubiela, que ha sugerido a UPyD que sustituya la búsqueda de la homogeneización con la de «armonización» de la «universalización de los derechos».