El conocido empresario catalán Joaquim Boixareu puso este miércoles otro grano en la montaña de descrédito que Iñaki Urdangarin escala desde el estallido del ‘caso Nóos’. Boixareu, entonces amigo del Duque y que fue quien de manera oficial aportó el dinero para constituir en 2007 la ONG más turbia de la trama, la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (DCIS), aseguró en su declaración como imputado que, a la vista de los acontecimientos, se ha sentido “utilizado” por el yerno del Rey. Dedicada nominalmente a la integración de colectivos desfavorecidos, la fundación DCIS era propiedad de una empresa, justamente aquella que usó el conglomerado Nóos como vehículo para evadir de España medio millón de euros con destino a cuentas ligadas al paraíso fiscal de Belice.
Pese a todo, Boixareu se aferró a la versión que ya desplegó en febrero ante la Policía: que los 30.000 euros que aportó para constituir Fundación DCIS le fueron previamente entregados por Urdangarin como pago a sus servicios de asesoramiento en la búsqueda de patrocinadores para el grupo que capitaneaban el duque de Palma y su socio, Diego Torres. Y que si el Duque se los pagó fue sólo porque el mismo Boixareu había decidido utilizar ese dinero para crear una ONG. Con ese relato, Boixareu busca desbaratar las sospechas de la Fiscalía Anticorrupción: que esas facturas por 30.000 euros eran falsas y que el verdadero objetivo de que Boixareu figurase como fundador de DCIS no era más que ocultar la presencia de Iñaki Urdangarin. ¿Y por qué habría debido ocultarse? Porque para esas fechas, y tras haber aflorado las primeras críticas políticas a Instituto Nóos y sus ventajosos convenios con el Govern balear y valenciano -5,8 millones de euros-, la Casa Real ya había prohibido al marido de Cristina de Borbón encabezar ninguna nueva ONG.
En declaraciones posteriores a los periodistas, el abogado de Boixareu suavizó el que, según sus palabras, había sido el discurso de su cliente ante el juez: si todo lo que se está contando sobre Fundación DCIS resulta cierto, Boixareu se sentiría “un poco desanimado”. O “una mica desanimat”, en la versión original catalana. El letrado desmintió tajante que su patrocinado quisiera esconder la presencia de Urdangarin en DCIS.
La de Boixareu fue este miércoles la declaración más relevante de la nueva tanda acometida por el juez José Castro en Barcelona. De los 72 que entre este miércoles y el viernes deben desfilar ante el magistrado, Boixareu es el único imputado. Los restantes tienen la condición de testigos. Y uno de los testigos más importantes para esclarecer la génesis de Fundación DCIS, el abogado Raimon Bergós, dio plantón al juez. Bergós fue señalado en diciembre por la Casa Real como el jurista que aconsejó a Urdangarin y Torres constituir DCIS en contra del criterio de La Zarzuela. Los documentos incorporados al sumario demostraron luego que el asesor legal externo del Rey, José Manuel Romero, conde de Fontao, no sólo conocía que Urdangarin y Torres iban a crear una nueva ONG sino que aprobó el traspaso de 30.000 euros a esa nueva fundación. Antes de que el plantón trascendiera algunos abogados daban por hecho que el interrogatorio de Bergós podía iluminar nuevos ángulos del caso.
Alicia Gutiérrez