El PSOE, el PNV y CiU han vuelto a intentar este jueves que la nueva Ley de Financiación de Partidos Políticos, que recorta un 20% las subvenciones públicas, al menos incluya una cláusula de revisión anual que garantice una cuantía de esas aportaciones públicas para el siguiente ejercicio, pero el PP insiste en que las formaciones políticas deben dar ejemplo y que no se les pueden asegurar sus ingresos futuros cuando muchos ciudadanos carecen de esa certidumbre económica.
Esta ley, que obligará a los partidos y sus fundaciones a publicar sus cuentas, sus deudas y las donaciones que reciben, obtuvo el aval de todos los grupos parlamentarios en el Pleno del Congreso, con la única excepción de la coalición Amaiur, quien considera que todo es una «cortina de humo para tapar los recortes», según dijo su diputado navarro, Sabino Cuadra.
Al margen del acuerdo global sobre las medidas de transparencia, hay un punto en el que el PP sigue chocando con la oposición pues, además de introducir el recorte del 20% de la financiación pública que reciben partidos y fundaciones, elimina la antigua cláusula de revisión anual de las subvenciones, con lo que su cuantía se fija cada año en los Presupuestos Generales del Estado.
El socialista Nacho Sánchez Amor expresó sus reticencias a la supresión de esta cláusula de salvaguarda alegando que la financiación de los partidos es una de las «reglas del juego» de la democracia, que ahora quedará en manos de un solo jugador, el que tenga la mayoría.
Cláusula de revisión
También el ponente de CiU, Jordi Jané, ha criticado la falta de garantías y ha pedido alguna cláusula de revisión, ya sea ligada al IPC o a la evolución del Producto Interior Bruto. «La ley en su conjunto es un avance sustancial, pero aquí no hemos acertado», comentó. Aitor Esteban, del PNV, ha insistido en que la financiación de los partidos políticos «no puede estar al albur de mayorías absolutas», por lo que anunció su rechazo a ese artículo concreto, aunque apoyó el resto de mejoras introducidas en favor de la transparencia.
Sin embargo, el PP se ha negado a aceptar el cambio solicitado. Según su ponente, José Antonio Bermúdez de Castro, «la política y los partidos deben ser los primeros en compartir los costes de la crisis y los primeros en dar ejemplo» pues es «la única manera de que la gente se sienta identificada» con sus políticos.
«Por eso, no debemos garantizar a los partidos más de lo que se garantiza a la sociedad, y esa cláusula de revisión no la tienen los propios españoles para asegurar sus ingresos del próximo año», apostilló.
Transparencia
El PP, en cambio, sí había pactado en ponencia con toda la oposición un amplio conjunto de medidas para reforzar el control de las finanzas de los partidos y sus fundaciones, aplicándoles los mismos principios de la futura ley de Transparencia, que a priori no les afectaría al ser entidades privadas.
Así, una vez que su actividad anual sea fiscalizada por el Tribunal de Cuentas, las formaciones harán públicas sus cuentas en su página web con información sobre su balance económico, su cuenta de resultados y los créditos que tienen firmados con entidades financieros, incluyendo, si es el caso, datos de las operaciones de condonación de deuda.
Se obligará asimismo a los partidos a que, además de enviar cada año al Tribunal de Cuentas un informe global sobre su financiación privada, comuniquen a la institución fiscalizadora cada donación de más de 50.000 euros o de bienes inmuebles que reciban de empresas jurídicas (en los tres meses posteriores a la recepción); a su vez, el Tribunal llevará un registro para comprobar que no se supera el tope anual de 100.000 euros.
Respecto a estas operaciones de condonaciones de deuda, tanto del capital como de los intereses, se ha acordado también poner un límite anual de 100.000 euros, equiparándolo así al tope fijado para donaciones privadas.
En cuanto a las aportaciones privadas que reciben los partidos, se amplía el catálogo de empresas que tienen prohibido hacer donaciones a los partidos: ya no sólo serán aquellas que tienen contratos en vigor con la Administración, sino también todas las que compartan órganos de dirección (las participadas mayoritariamente, sus fundaciones y todas las del mismo grupo empresarial).
Además, ninguna fundación que recibe subvenciones de la Administración, y ello incluye a las vinculadas a formaciones políticas, podrá hacer donaciones a un partido.
Otra novedad de la reforma permitirá dotar de capacidad sancionadora al Tribunal de Cuentas, que hasta ahora sólo podía hacer propuestas, generalmente de recorte de subvención, que luego debía ejecutar la Administración. Ahora podrá imponer directamente sanciones en supuestos de falta muy grave.
Capacidad sancionadora
En los casos de vulneración del límite anual de donaciones privadas (100.000 euros), se impondrá una multa equivalente al doble de la cantidad excedida. Además, se podrá paralizar la entrega de subvenciones al partido que no presente su contabilidad al Tribunal en tiempo y forma. Respecto de las fundaciones de los partidos, se ha decidido que, al igual que las formaciones políticas, habrán de someterse a auditoria privada y que el Tribunal de Cuentas podrá fiscalizar todos sus ingresos, y no sólo las donaciones como hasta ahora.
Además, se extiende a las fundaciones la obligación de hacer públicas sus cuentas una vez fiscalizadas y no se descarta que, en próximas reuniones, se les obligue además a comunicar al tribunal cada aportación de persona jurídica que reciban. De entrada, se ha decidido que las fundaciones comuniquen a Hacienda todas las donaciones públicas y privadas que reciben.