Los problemas financieros de la Generalitat Valenciana comenzaron a hacerse visibles a principios de este año con el retraso en la devolución de un vencimiento de deuda contraída con el Deutsche Bank, por 123 millones de euros, que no pudo atender por falta de recursos. La devolución, aunque en algunos medios se especuló con que tuvo que contar con el aval del Tesoro, se sustanció una semana después a través de recursos propios de la Generalitat.
Entonces el Gobierno valenciano aseguró que esto no constituía ningún «procedimiento extraordinario» aunque admitió que tenía «dificultades de liquidez», lo que podía generar retrasos en el pago de los vencimientos. El Gobierno valenciano siempre ha confiado en los últimos meses en las aportaciones del Ejecutivo central para continuar obteniendo liquidez y así poder hacer frente a los retrasos en el pago a proveedores, que presentaron facturas por importe de 4.354 millones.
En numerosas ocasiones desde la Consejería de Hacienda se ha apelado al mecanismo de los hispabonos u otro similar para responder a las peticiones de pago que les han llegado desde muchos colectivos, como los dependientes, el sector educativo o las farmacias. La Generalitat Valenciana también solicitó un aplazamiento de pago de la cuota de diciembre de 2011 a la Seguridad Social por 81 millones que, según argumentó, se debió a una situación provisional para «acompasar flujos de caja de cobro y pago», según explicó entonces el conseller de Hacienda, José Manuel Vela.
La emisión de deuda pública a un 7% de interés para refinanciar un pagaré con Bancaja (ahora Bankia) valorado en 500 millones en mayo fue un nuevo caso de problema de liquidez. El Gobierno valenciano recurrió poco después a una línea de financiación del ICO para cubrir en parte un vencimiento de deuda de 472,7 millones de bonos para minoristas. Este mes el ICO ha vuelto a apoyar a la Comunidad Valenciana con 135 millones para atender vencimientos.
Objetivo de déficit del 1,5 %
Para lo que queda de año, una de las mayores amortizaciones corresponde a una emisión de bonos a un año adjudicada a un interés del 5 % por un importe global de 894,8 millones, que vence el 22 de diciembre de 2012. Para acceder a las ayudas del Gobierno, la Generalitat Valenciana tiene que cumplir con el objetivo de déficit del 1,5 %, para lo que en los últimos meses ha aprobado numerosos ajustes, entre los que destacan los adoptados el pasado mes de abril que supondrán un ahorro de 2.260 millones y que se aplicarán en los próximos tres años.
Entre esas medidas se encuentra la implantación de un nuevo modelo sanitario de colaboración público-privada para ahorrar 443 millones al año, la reducción del sector público empresarial de 46 empresas a seis grupos sectoriales y el despido de entre el 40 y el 50 por ciento de sus plantillas. En materia educativa, se incrementa el número de alumnos por aula, las horas lectivas, se aumentan las tasas universitarias, se suspenden los contratos de los interinos durante las vacaciones de verano y se rebajan o paraliza el cobro de algunos complementos del personal fijo.
Con anterioridad a todas estas medidas, la Generalitat Valenciana aprobó unos ajustes de 1.057 millones que incluían una reducción en el capítulo de personal para ajustar el déficit, y en julio del año pasado aprobó una serie de acciones para contener el gasto en 680 millones.