La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la intervención judicial de Bankia y su matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA), solicitada por los querellantes UPyD y el 15M, que supondría la sustitución de sus actuales gestores por un administrador.
La intervención de las entidades, que será resuelta en unos días, ha sido rechazada por la Fiscalía, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y por todos los acusados, según han indicado fuentes presentes en la vista.
El juez Fernando Andreu, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, ha tomado declaración hoy al representante legal de Bankia y BFA y tendrá que decidir ahora si interviene las entidades, una medida cautelar pedida por la acusación al considerar que existe riesgo de destrucción de pruebas.
Según fuentes jurídicas, la Fiscalía ha considerado que sería «una temeridad» la intervención de estas entidades porque pondría en riesgo el banco y la economía nacional.
Por su parte, la representación del FROB también se ha opuesto a esta medida porque supondría crear desconfianza hacia el propio fondo y, por tanto, hacia el Estado, lo que sería «letal».
El representante legal de Bankia y BFA, ha explicado al juez que las modificaciones en las cuentas no se deben a la manipulación, sino a que son una consecuencia directa de la aplicación de los sucesivos cambios en la legislación bancaria.
Además, ha señalado que el nuevo equipo gestor no considera necesario analizar lo hecho por los antiguos directivos, aunque ha reconocido que cuando Bankia anunció un beneficio de 300 millones de euros la entidad ya contaba con un plan alternativo de saneamiento.
Según fuentes presentes en la vista, los motivos argumentados por la Fiscalía y por los acusados para oponerse a la intervención radican en que ni UPyD ni el 15M tienen legitimidad para pedir esta medida.
Ha explicado que UPyD está personada como acusación popular y sólo puede pedir medidas penales, cuando ésta es civil, y que el 15M en realidad representa a accionistas, cuando la intervención sólo puede ser solicitada por acreedores o por empleados.
UPyD presentó el pasado mes de junio una querella contra todos los consejeros de Bankia y BFA en el momento de la salida a bolsa de la primera, a la que posteriormente se sumó el movimiento 15M.
El juez Andreu admitió a trámite la querella, con lo que la Audiencia Nacional imputaba a los expresidentes de Bankia y Bancaja, Rodrigo Rato y José Luis Olivas, respectivamente, al exministro popular y consejero en la entidad Ángel Acebes y a una treintena de exconsejeros del grupo y su matriz, BFA.
Todos ellos están acusados de delitos de falsificación de cuentas y balances, de administración desleal o fraudulenta, de maquinación para alterar el precio de las cosas y de apropiación indebida, unos cargos que, según el Código Penal, podrían suponer unas penas de prisión de entre uno y seis años.
Además, tanto UPyD como el 15M pedían como medida cautelar la intervención judicial de las entidades con el objetivo de evitar la destrucción de pruebas, algo a lo que se opuso Anticorrupción en un informe y que ahora tendrá que resolver el juez.
A la salida de la vista, el abogado del 15M Juan Moreno ha insistido en la necesidad de nombrar un interventor para gestionar las entidades, con el objetivo de evitar que las pérdidas «privadas» de Bankia se asuman de forma «pública».