El discurso de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ante la Comisión de Empleo del Congreso para explicar y justificar los recortes del Gobierno relacionados con su Departamento no ha convencido a la oposición. Todos los Grupos Parlamentarios que han intervenido en el debate le han reprochado a la ministra que el Gobierno haya metido la tijera en la protección por desempleo debido a los efectos que esto tendrá sobre uno de los colectivos más desfavorecidos por la crisis.
Algunos partidos incluso, como el PSOE o Geroa Bai, le han pedido a Báñez que no suprima el programa Prepara, que proporciona una ayuda de 400 euros a los desempleados que han agotado sus prestaciones y se inscriben en un itinerario formativo. Este programa finaliza su vigencia a mediados de agosto, pero de momento no se sabe si tendrá continuidad. Los sindicatos ya dan por descontado que el Ejecutivo lo suprimirá.
En concreto, la diputada socialista María Concepción Gutiérrez del Castillo ha solicitado a Báñez que mantenga el plan Prepara para «no arrojar a la desesperanza y a la pobreza» a más ciudadanos. «Intensifique y amplíe la protección por desempleo, ahora más que nunca», ha subrayado Gutiérrez, que ha califico estos recortes de «dramáticos y dañinos».
Su compañera de partido, Isabel López i Chamosa, ha acusado al Gobierno del PP de estar metiendo «mucha ideología» en todas las medidas que adopta y ha criticado que haya aprobado unilateralmente estos ajustes. La diputada socialista ha reclamado al Gobierno, en su lugar, que busque el consenso político y social para salir de la crisis, al tiempo que ha avisado de que no encontrará en el PSOE apoyos para recortar las pensiones.
También Carles Campuzano, de CiU, ha echado en cara a Báñez «el estado de excepción legislativa» que ha impuesto el Gobierno de Mariano Rajoy. Campuzano ha considerado «profundamente incoherentes» algunas de las medidas contenidas en el paquete de ajustes del Ejecutivo con otras puestas en marcha, como la última reforma laboral.
Así, el diputado catalán no entiende que se apruebe una reforma laboral que da más flexibilidad a las empresas para despedir y se reduzca ahora la protección social de las personas despedidas, así como los recursos destinados a las políticas activas de empleo, que son las que deben acompañar a los desempleados. Tampoco ve claro que la reducción de cotizaciones sociales vaya a crear empleo y critica que, al margen de la estrategia de empleo juvenil y emprendimiento, no se hayan previsto medidas a corto y medio plazo en favor de la creación de empleo.
Desde el PNV, Emilio Olabarría, también ha cuestionado la «reducción drástica» de 1.700 millones de euros que se ha producido en el capítulo de las políticas activas de empleo y ha dicho que tanto el recorte en desempleo como en el Fogasa podría considerarse «inconstitucional».
Recortes sin medida
Desde Izquierda Plural, el diputado Ricardo Sixto ha alertado de que los recortes se van a cargar sobre las espaldas de trabajadores y parados, colectivos que se encuentran ya en una situación «límite», mientras que Sabino Cuadra, de Amaiur, ha reprochado a la ministra que apele constantemente al diálogo y no lo practique.
La diputada de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha considerado «de enorme gravedad» que se hayan tocado las prestaciones por desempleo y ha advertido a Báñez de que los recortes en prestación por desempleo no van a afectar sólo al 55% de los nuevos desempleados, sino al 100% de los mismos.
«Yo entiendo que es durísimo venir aquí a decirnos esto, pero no maquille los datos», ha subrayado Barkos, que ha denunciado además que los cambios que ha introducido el Gobierno en la Renta Activa de Inserción (RAI) supondrá su práctica desaparición
Báñez: no miento
En su turno de réplica, la ministra de Empleo se ha defendido y ha asegurado que «no miente» al decir que sólo el 55% de los nuevos parados se verán afectados por el recorte de la prestación por desempleo a partir del séptimo mes.
Un tercio no se verán afectados (los que tienen salarios más bajos) gracias a los mínimos de la prestación, que se mantienen sin cambios, y el resto, ha insistido, o encuentran un empleo antes del séptimo mes o no llegan a cobrar seis meses de prestación porque no han contribuido lo suficiente.
También ha negado que la RAI vaya a quedar prácticamente extinguida y ha cifrado en 12.500 personas al mes los afectados por los cambios operados en el sistema (unos 68.000 en todo el año 2012).
«Hemos hecho un ajuste en las prestaciones por desempleo. Lo he explicado todo, no me he guardado nada en el tintero, y no hemos dejado sin cobertura a quienes lo están pasando peor en este momento», ha subrayado.
La ministra ha reconocido que los diputados están en su derecho de hacerle críticas, pero les ha pedido que «no sean alarmistas ni catastrofistas» y ha enfatizado que el Gobierno del PP está actuando con «responsabilidad y seriedad» en una España que «no está intervenida, sino en un procedimiento de déficit excesivo», ha insistido.