España habría podido evitar en gran medida la significativa destrucción de puestos de trabajo registrada en su mercado laboral desde que comenzó la crisis de haberse aprobado «hace unos años» una reforma laboral similar a la adoptada finalmente en febrero de 2012, según apunta el Banco Central Europeo (BCE).
«En el caso de España, las autoridades finalmente aprobaron, en febrero de 2012, una reforma del mercado de trabajo de gran trascendencia y envergadura que podría haber sido muy útil para evitar la destrucción de empleo si se hubiese aprobado hace unos años», defiende la institución presidida por Mario Draghi en su boletín del mes de agosto.
En este sentido, al analizar los procesos de ajuste emprendidos por los cuatro países de la eurozona sometidos a algún tipo de asistencia financiera (Grecia, Portugal, Irlanda y España) además de Chipre, el BCE señala que, tras el inicio de la crisis financiera, salvo en el caso de Irlanda, la moderación salarial se ha producido con un retraso considerable (en Portugal en 2010) o ha seguido siendo muy limitada (en España y Chipre, al final de 2011).
De este modo, el BCE pronostica que en el futuro se produzca «una acusada caída de la remuneración por asalariado» en España, «como consecuencia de nuevos recortes de los salarios del sector público y del impacto de la reforma laboral en la moderación de las reivindicaciones salariales del sector privado», y en Grecia, como resultado de las recientes reformas del proceso de determinación de salarios en el sector privado.
Necesidad de reformas estructurales y fiscales adicionales
Asimismo, el instituto emisor de la eurozona considera que, dado que la necesidad de reequilibrio todavía es considerable, «todos los países tendrán que emprender reformas adicionales de gran calado» e introducir medidas adecuadas para aumentar la competitividad vía precios y la competitividad no precio, así como para reducir el desempleo y restablecer la sostenibilidad de las finanzas públicas.
En cuanto a la competitividad, el BCE señala que, «habida cuenta de su bajo nivel», es «especialmente urgente» aplicar sustanciales recortes adicionales de los costes laborales unitarios y de los márgenes de beneficio excesivos, sobre todo en países con niveles de desempleo muy elevados.
Para conseguir esto, la entidad recomienda en primer lugar aumentar la flexibilidad del proceso de determinación de salarios, cuando sea necesario, por ejemplo «mediante la relajación de la legislación de protección del empleo», la supresión de los mecanismos de indiciación salarial, la reducción de los salarios mínimos, y permitiendo la negociación salarial a nivel de empresas.
Asimismo, la entidad señala que dicho ajuste de la competitividad debe reforzarse a través de incrementos permanentes de la productividad del trabajo, para lo que propone la privatización, la innovación de los procesos y el desarrollo de nuevos productos, así como la aplicación de medidas para mejorar la cualificación de la población activa y la puesta en marcha de iniciativas para crear un entorno empresarial más favorable.
«Todo ello exige la adopción de políticas audaces en relación con las reformas estructurales y valentía ante las presiones de grupos privilegiados y de intereses creados», advierte el BCE, que recuerda que los márgenes de beneficio excesivos «son especialmente predominantes en sectores orientados al mercado interno (fundamentalmente, los servicios)».