El Gobierno de Mariano Rajoy cierra el mes de agosto con la aprobación de la última medida con la que pretende culminar el saneamiento del sistema financiero: El real decreto ley de reestructuración y resolución ordenada de entidades, imprescindible para recuperar el crédito, conseguir dinamizar el mercado inmobiliario español y proteger a los inversores, según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes.
Se trata de la quinta reforma financiera en tres años, y de la tercera que el Ejecutivo de Rajoy aprueba en un plazo de apenas seis meses. Una iniciativa «de gran importancia y calado» con la que el Gobierno ‘popular’ espera volver a colocar a España en la senda del crecimiento y generar empleo, los dos principales objetivos desde que Rajoy llegara al poder, según ha vuelto a recalcar la portavoz gubernamental.
En definitiva, una medida que este viernes ha sido presentada por el ministro de Economía, Luis de Guindos, como la «completa», puesto que recoge las condiciones impuestas por Bruselas para rescatar a las entidades españolas con un préstamo europeo de hasta 100.000 millones de euros. «Si hubiésemos tenido antes unos instrumentos como estos, esta crisis bancaria se hubiese abordado de una forma distinta, aunque hay que mirar al futuro», ha dicho De Guindos en la rueda de prensa posterior a la habitual reunión ministerial de los viernes, donde ha insistido en que no «costará un euro» al contribuyente.
En cuanto a las novedades que introduce el nuevo real decreto ley aprobado por el Gobierno destacan la liquidación de bancos o cajas inviables de forma ordenada. La creación del llamado banco malo o sociedad de gestión para transferir los activos dañados. Y la imposición de que sean los accionistas y dueños de deuda subordinada o participaciones preferentes los que asuman parte de las pérdidas de la entidad en la que han invertido su dinero y no dejar todo el peso en el contribuyente.
Liquidación de bancos
Según ha explicado el titular de Economía, los principales objetivos de esta reforma son garantizar un sistema bancario solvente -«no existe una recuperación sólida sin crédito», ha insistido De Guindos-, y poner a disposición del entramado unas entidades que generen confianza. En este sentido, el Gobierno ha diseñado tres planes de acción para los bancos ayudados: uno «suave» de actuación temprana en el que puedan devolver las ayudas en dos años; otro de «reestructuración» en el que necesiten apoyo pero puedan devolverlas en un plazo de cinco años prorrogable en dos más; y el de «resolución ordenada» cuando no tengan un futuro viable, una de las principales novedades de esta nueva reforma.
Tal y como ha explicado De Guindos, la resolución ordenada de una entidad contempla no desperdiciar la parte de valor de las entidades que pueda subastarse a terceros. «Los activos ‘sanos’ serán gestionados por un ‘banco puente’ mientras que los ‘malos’ serán absorbidos por la sociedad de gestión de activos, el ‘banco malo'», ha explicado el ministro de Economía, en cuya intervención también ha reconocido que la elaboración de dicho ‘banco malo’ ha sido supervisada por la Comisión Europea y el Sistema Financiero Internacional.
El ‘banco malo’ deberá ser «rentable»
Según el titular de Economía, el ‘banco malo’ deberá de ser una sociedad de gestión de activos inmobiliarios «rentable» que se desprenda de estos en un plazo de entre diez y quince años. «El objetivo es que el ‘banco malo’ sea viable, que no genere pérdidas ni impacte en el contribuyente», ha asegurado De Guindos.
Está previsto que este instrumento al que las entidades nacionalizadas (Bankia, Novacaixagalicia, Catalunya Caixa y Banco de Valencia) transferirán sus activos inmobiliarios esté definido a finales de noviembre o principios de diciembre. El grueso de los activos que se transferirán a esta sociedad de gestión de activos serán los créditos problemáticos al sector promotor, que son los que más daño han sufrido, y que en el conjunto de España totalizan unos 180.000 millones de euros.
Esta sociedad de gestión de activos inmobiliarios contará con capacidad de endeudamiento y con capital, y el objetivo del Gobierno es que la mayor parte del accionariado corresponda a inversores privados, y una minoritaria al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). El ministro enfatizó que aún se desconoce el volumen de activos dañados del ladrillo que las entidades transferirán al banco malo a falta de conocer cuáles de ellas necesitarán ayudas públicas.
Esta incógnita se despejará cuando se conozcan las conclusiones de los trabajos de auditoría encargados por el Gobierno sobre la calidad de las carteras crediticias de la banca entidad por entidad. «Lo iremos viendo», dijo el ministro. El Banco de España establecerá la metodología para valorar los activos que se transfieran al ‘banco malo’, y ésta se hará pública, dijo. En cualquier caso, apuntó a que la valoración deberá realizarse a precios razonables para no generar pérdidas a los contribuyentes. «Se comprará a precios ‘pre burbuja inmobiliaria'», indicó, sin mayores detalles.
Preferentes
Otro de los puntos sensibles de la reforma lo encontramos en la polémica de las preferentes, un producto de inversión muy complejo que en España se vendió a clientes particulares que en muchos casos carecían de la cultura financiera necesaria para entender el producto en el que estaban colocando sus ahorros, y que según ha informado el Gobierno se canjearán a precio de mercado más una diferencia máxima de un 10%. De esta forma, los titulares de preferentes y deuda subordinada se verán obligados a asumir parte de las pérdidas de una entidad en crisis con el objetivo de reducir al máximo posible el coste de la reestructuración para el contribuyente.
De Guindos ha explicado que se determinará en términos de valor presente el descuento aplicado y se sustituirá por otro producto diferente como acciones, bonos o depósitos. De hecho, las operaciones podrán consistir en ofertas de canje por instrumentos de capital de la entidad de crédito; recompra mediante abono directo en efectivo o condicionado a la suscripción de instrumentos de capital o cualquier otro producto bancario; reducción del valor nominal de la deuda y amortización anticipada a valor distinto del nominal.
En cualquier caso, y según ha aclarado De Guindos, los nuevos productos serán «más simples y mucho más transparentes», al tiempo que permitirán a los tenedores ser conscientes de forma «fehaciente» de sus instrumentos. Lo fundamental, según De Guindos, es minimizar el impacto en los recursos públicos y garantizar la prelación de los depositantes de las entidades. El principio que se aprueba es el que ya está incorporado en la normativa europea de ayudas de Estado.
Por otro lado, el Gobierno ha introducido en el Decreto Ley una serie de restricciones para la comercialización de estos productos a futuro para garantizar la protección de los inversores minoristas. El titular de la cartera de Economía ha explicado que la comercialización en los últimos años no ha sido «la más adecuada» para los ahorradores individuales, que compraban productos «complejos» con una rentabilidad alta, pero con un riesgo «elevado» que, en ocasiones, no se explicó lo suficiente.
Elsa S. Vejo/Agencias