El Gobierno de Mariano Rajoy ha redactado un documento que repasa las reformas y medidas que ha tomado en estos ocho meses al frente del Ejecutivo, una actuación que, a su juicio, acredita su «firme y decidido compromiso» con los objetivos de estabilidad presupuestaria y con el proceso de reducción del déficit público.
«Las políticas del Gobierno permitirán cumplir a final de año con los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados por Bruselas», sostiene el Gobierno en el citado documento, que se ha dado a conocer en un momento en el que está estudiando si se acude o no al fondo de rescate europeo.
Como muestra de su compromiso con los objetivos de déficit, explica que ha «comprometido ajustes presupuestarios por valor de más de 90.000 millones de euros hasta 2014 para situar en el 2,8 por ciento el déficit público» en ese año.
Además, el Gobierno destaca su «clara voluntad reformista», puesto que ha aprobado o tiene en proyecto reformas económicas en sectores clave (sector público, mercado laboral o sector financiero) para introducir flexibilidad, competitividad y liberalización.
Según explica, esa reforma de las Administraciones Públicas pretende clarificar competencias municipales, suprimir 3.275 entidades locales menores y mancomunidades y eliminar 21.338 concejales, así como la reducción de las empresas públicas de ámbito local o la limitación de las retribuciones de los alcaldes y concejales.
Entre otras reformas que impulsará este otoño destaca la Ley de Acción Exterior, la Ley de reforma energética, la Ley para la mejora de la calidad educativa, la Ley de Unidad de Mercado, la Ley de Costas o la Ley de Liberalización de Servicios Profesionales.
Mayoría absoluta, «una garantía adicional»
«Con su programa reformista, el Gobierno deja patente su determinación de avanzar en la consolidación fiscal y en las reformas estructurales, con el fin de reforzar la confianza en la economía española y recuperar la senda del crecimiento», sostiene, para subrayar que la estabilidad política y parlamentaria con la que cuenta es una «garantía adicional» para tomar medidas y hacer frente «con éxito» a la crisis.
Tras subrayar que el saneamiento de las cuentas públicas se ha convertido en un «objetivo prioritario» de su política económica, indica que los datos de ejecución presupuestaria del Estado han ido mostrado una desviación a lo largo de los últimos meses debido a la «fuerte recesión» de la economía, «que ha hecho necesario adoptar medidas adicionales» que «suponen un ajuste total adicional de 50.000 millones».
Según añade, está previsto cumplir con el objetivo acordado en 2012 con esas medidas adicionales adoptadas gracias a la mejora de la recaudación de los últimos meses de 2012 con las medidas tributarias (aumento del IVA, impuesto de Sociedades e IRPF), con ingresos adicionales de 5.000 millones y medidas por el lado del gasto por 8.000 millones de euros.
A ello se une, prosigue, la exigencia de cumplimiento de los planes de las CC.AA., con «un seguimiento más fuerte en el marco de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la condicionalidad de la financiación adicional que se ha facilitado y que se producirá bajo el Fondo de Liquidez Autonómico».
Avanzar hacia una mayor integración europea
El Gobierno recuerda que la financiación de la economía española a un unos intereses «estables y asumibles» está vinculada a la estabilidad del euro y al funcionamiento «correcto y adecuado» de la unión monetaria. Por eso, prosigue, se persigue la rápida adopción de reformas en el ámbito de la UE para avanzar hacia «una verdadera unión económica y monetaria que supere las actuales limitaciones y los desequilibrios que genera».
En este punto, recalca que España está afrontando con «determinación» la crisis económica pero exige la misma determinación en la adopción de medidas en la UE para «avanzar hacia una mayor integración que recupere los principios de estabilidad, crecimiento, solidaridad y cohesión que han inspirado su construcción».