Viernes negro en lo que al número de parados respecta. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) hecha este viernes pública por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 85.000 nuevas personas han pasado en este último trimestre a engordar la ya eterna lista de desempleados, situándose el número total en 5.778.100 parados. Cifra inédita hasta ahora para la economía española y que nos coloca, tal y como ha hecho público Eurostat, a la altura de muchos países que actualmente se encuentran recuperándose de traumas históricos muy recientes, como es el caso de la antigua Yugoslavia y de Sudáfrica.
La situación es dramática, y eso nadie lo pone duda. Aunque siempre se pueden hacer lecturas positivas de los datos que se publican. Eso es lo que este viernes han hecho varios miembros del Ejecutivo de Mariano Rajoy. El primero en dar la cara ha sido el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Fernando Jiménez Latorre, quien ha asegurado que ve cierta «estabilización» en la destrucción de empleo, aunque ha reconocido que los datos positivos no llegarán hasta la segunda mitad de 2013. Una fecha que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, sin embargo, no se ha aventurado a sencundar. Más precavida, como ya viene siendo habitual, la portavoz gubernamental ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro, que el nuevo dato del paro le demuestra al Gobierno que no puede «perder el ritmo de las reformas». «Esa es la línea de trabajo que va a seguir el Ejecutivo», ha advertido Sáenz de Santamaría, pero sin concretar fechas, ni lanzar mensajes esperanzadores de una recuperación temprana de la economía española.
Según la vicepresidenta, los datos -cuando se refieren a destrucción de empleo-, «nunca pueden ser positivos». Pero está claro que siempre se puede hacer un esfuerzo por poner en valor su mejor cara. En este sentido, la ‘número dos’ de Rajoy, ha destacado como dato positivo que la destrucción de empleo privado (-1,6%) ha sido notablemente inferior al del sector público (-0,3%), reflejándose de este modo el «esfuerzo de contención» en el gasto de personal que están haciendo las administraciones públicas para rebajar costes y reducir el déficit. «En la última encuesta de la EPA se puede comprobar cómo el desempleo en el sector privado se esta moderando», ha destacado la vicepresidenta.
Una línea argumentativa muy similar a la desgranada por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, quien ha acudido este viernes al Palacio de la Moncloa para presentar dos nuevos decretos ley con los que se pretende desarrollar la última reforma laboral. En referencia al último dato del paro, por el que ha sido preguntada en varias ocasiones, la titular del ramo sí ha aseverado, que aún teniendo en cuenta que no es «bueno», ve «noticias esperanzadoras» en la última Encuesta de Población Activa, como la «moderación» de la destrucción de empleo, sobre todo en el sector privado. «Para el Gobierno, los desempleados del sector público son también personas que se van al paro y que nos preocupan igual», ha aclarado la ministra -por si hubiera quedado alguna duda-, pero ha advertido que éste es el camino que el Gobierno debe seguir para volver a crecer y ser competitivos.
En este sentido, la ministra ha querido señalar que no todo ha sido malo, como por ejemplo, el incremento de los autónomos (en más de 65.000 personas) y las mejoras en algunos tipos de contratos. En concreto, ha explicado que el paro ha crecido en 85.000 personas en un momento de recesión económica, mientras que en el mismo periodo de 2011, cuando el crecimiento del PIB estaba cerca de cero, el número de parados se incrementó en 144.700 personas. Además, si se tiene en cuenta la evolución del desempleo desde la aprobación de la reforma laboral, se observa que el crecimiento del paro en el sector privado se ha moderado a 500 personas frente a las 30.000 personas de un año antes. Una noticia, que según ha explicado el Gobierno, avala que la nueva normativa laboral «va por buen camino».
Desarrollo de la reforma laboral
Tanto es así, que el Gobierno desarrolla aún más una de las reformas que el próximo 14 de noviembre volverá a sacar a la calle a un importante número de españoles que secundarán la segunda jornada de huelga general del año. Tal y como ha informado el Ejecutivo, con el nuevo Real Decreto aprobado este viernes se obligará a las empresas de más de 100 trabajadores con beneficios en los últimos dos años a asumir el coste de los despidos de sus trabajadores de 50 o más años para evitar la práctica a la que recurren algunas de ellas de cargar este coste sobre las arcas públicas y así esquivar el impacto que dichos despidos suponen sobre el sistema de protección por desempleo.
Según han explicado Sáenz de Santamaría y Fátima Báñez, la nueva norma persigue lograr un efecto disuasorio que desincentive el despido de los trabajadores por razón de su edad, promueva la recolocación de aquellos que tengan más edad y contribuya a la valoración de sus capacidades laborales. Tal y como ha aclarado Báñez, este nuevo decreto no corrige la reforma laboral, sino que simplemente se adopta y articula la novedades que se aprobaron el pasado mes de febrero. Se trata pues de endurecer la llamada Enmienda Telefónica que puso en marcha el anterior Gobierno socialista y que se conoce así porque se puso en marcha después del último proceso de prejubilaciones aprobado por la compañía de telecomunicaciones.
Asimismo, el Consejo de Ministros también ha aprobado el reglamento que desarrolla los procedimientos que las empresas deben seguir para efectuar despidos colectivos, suspensiones de contratos y reducciones de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o causa de fuerza mayor. La norma, que desarrolla la reforma laboral aprobada por el Ejecutivo de Rajoy, regula el nuevo papel de la autoridad laboral y sus funciones de vigilancia y control en el periodo de consultas, y también ayuda a las partes para buscar soluciones a los problemas derivados de las medidas laborales a adoptar.
En lo que a los despidos en las empresas del sector público respecta -dónde trabajan empleados públicos, no funcionarios-, el Gobierno también ha introducido novedades. En el caso de las empresas del sector público, entidades o sociedades mercantiles en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado, se aplicarán las mismas causas y procedimientos que den lugar a despidos colectivos previstos con carácter general para las empresas del sector privado.
E. S. V.