La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha afirmado este miércoles que el 80% de los nuevos beneficiarios del subsidio por desempleo para mayores de 55 años no tendrán problemas para cobrarlo porque cumplirán los nuevos requisitos de renta fijados por el Gobierno.
Sin embargo, el 20% de esos potenciales beneficiarios se quedarán fuera del subsidio porque no reunirán las condiciones de acceso exigibles tras los cambios introducidos en esta prestación, consistentes en que se tendrán en cuenta los ingresos de toda la unidad familiar y no sólo los del perceptor.
Así, además de las rentas del beneficiario, se sumarán las de todos los miembros de la unidad familiar y se dividirá entre el número de miembros, de forma que el resultante deberá ser inferior al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), excluidas las pagas extraordinarias.
La ministra de Empleo ha asegurado este miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso que los 375.000 beneficiarios actuales del subsidio no se verán afectados por estos cambios.
Desde el Gobierno se recuerda que el subsidio para mayores de 55 años es de los subsidios que menos se solicitan, aunque es el de mayor duración. En total, cada mes se incorporan a esta ayuda algo más de 7.000 desempleados. La cuantía mensual del subsidio equivale al 80% del Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (Iprem), esto es, unos 426 euros.
Báñez, en respuesta a las críticas de los diputados Gaspar Llamazares (IU) y Magdalena Valerio (PSOE), ha negado que el Gobierno haya recortado el subsidio para mayores de 55 años y ha dicho que lo que ha hecho el Ejecutivo es homogeneizar sus condiciones de acceso a las de otras prestaciones porque es «razonable» que lo cobre quien realmente lo necesita.
O se van o les echamos
La ministra ha defendido la reforma de las pensiones aprobada el pasado viernes de los ataques de la oposición. Llamazares ha calificado la ley de «hachazo y burla» a los pensionistas y ha considerado que se trata de un «crimen» social porque «se ensaña con los más débiles», entre ellos los mayores de 55 años y los pensionistas.
«Es un crimen social que se suma al crimen de la reforma laboral» ha denunciado el diputado de izquierdas, que le ha preguntado a la ministra por el hecho que «todavía» no haya presentado su dimisión al frente del Ministerio de Empleo.
Tanto Llamazares como la diputada socialista Magdaleno Valerio han reprochado a Báñez que haya recurrido al Real Decreto-ley para aprobar esta reforma, porque con éste ya van 35 reales decretos. «No es un Estado de Derecho, es un Estado de decreto», ha denunciado el diputado de IU.
Llamazares le ha advertido a la ministra de que la respuesta a esta nueva reforma va a ser «muy dura» y en forma de «rebelión» ciudadana: «O se van o los echamos», ha concluido.
Por su parte, la diputada socialista ha acusado al Ejecutivo de «abusar de su mayoría absoluta», aprobando una reforma de las pensiones «innecesaria», que «pasa» del Pacto de Toledo y que «recorta» derechos a los mayores de 55 años.
Valerio ha tachado de «auténtico dislate» pretender que los abuelos sigan trabajando mientras los nietos están en paro y ha recriminado al Gobierno que quiera hacer creer a la sociedad española que los desempleados no trabajan porque son unos «vagos y se escaquean».
Báñez, por su parte, ha pedido a la oposición que no haga «demagogia» ni dé «lecciones» de democracia ni de políticas de empleo. La ministra ha subrayado que la reforma de pensiones «garantiza el presente y el futuro» del sistema, cumple con las recomendaciones del Pacto de Toledo e impide que los mayores de 50 años sean los primeros en salir de una empresa en un despido colectivo.