El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha avanzado este miércoles que el Gobierno modificará la normativa hipotecaria para permitir que los jueces puedan paralizar los procesos de desahucio y tener así tiempo de investigar si se han aplicado cláusulas abusivas, más allá de definir más concretamente qué se considera cláusula abusiva.
Así lo ha avanzado durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, donde ha sido preguntado sobre este asunto tanto por la portavoz socialista de Vivienda, Leire Iglesias, como por el portavoz adjunto de CiU, Pere Macias.
El ministro, que ha afirmado que se aprovechará la tramitación del proyecto de ley Antidesahucios y de la iniciativa legislativa popular (ILP) para introducir estas previsiones a través de las enmiendas del PP, ha asegurado que los cambios darán cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que considera la normativa española contraria al derecho comunitario en lo que se refiere a la protección de los consumidores.
«Vamos a incorporar la sentencia a la normativa española en toda su extensión. Vamos a modificar el procedimiento para que pueda haber un trámite de suspensión en el que el juez considere si hay cláusulas abusivas, y también vamos a definir qué son cláusulas abusivas», ha dicho el ministro.
Medidas cautelares
En este sentido, se dará a los jueces que tramitan las ejecuciones hipotecarias la «posibilidad de tomar medidas cautelares», como ya les reconoce de forma implícita la sentencia europea, y además se introducirán cambios tanto en la Ley Hipotecaria como en la de Enjuiciamiento Civil para dar cumplimiento a la falta de protección del consumidor que señala el Tribunal de Luxemburgo por la imposibilidad de plantear su oposición a la ejecución alegando la existencia en el contrato de cláusulas abusivas.
Con respecto a este tipo de cláusulas, De Guindos ha reiterado dos de las enmiendas que él mismo anunció hace un par de meses, y que supondrán limitar los intereses de demora a tres veces el precio del dinero (aproximadamente un 12%) y elevar de uno a tres el número de impagos mínimos para poder ejecutar la hipoteca y reclamar la totalidad de la cuota.
No obstante, el PP también ha incluido otros cambios en sus enmiendas al proyecto de ley, tales como dar a los jueces potestad para reducir las deudas que les quedan pendientes a las familias víctimas de desahucios si el banco obtiene una plusvalía al vender la vivienda, o limitar a 30 años el plazo de amortización de hipotecas para vivienda habitual.
No se cuestiona la totalidad del sistema
Tras defender estos cambios, De Guindos ha hecho hincapié en que el TJUE «no declara ilegal la Ley Hipotecaria española ni la inhabilita en absoluto», sino que «se limita a decir que el derecho español no se ajusta a la directiva de consumidores sin cuestionar el resto del sistema».
«Es algo vital: la sentencia del TJUE no cuestiona la totalidad del sistema hipotecario, que ha llevado 700.000 millones de euros de crédito a las familias y que ha hecho que en España un porcentaje elevadísimo de personas tenga una vivienda en propiedad. Adaptemos estrictamente la sentencia a la normativa y el resto respetémoslo, porque en estos momentos más de 96% de españoles pagan mensualmente sus hipotecas, y es algo que todos debemos valorar», ha defendido.
La socialista Leire Iglesias ha coincidido en que el fallo europeo no declara ilegal la normativa, pero sí «deja claro que incumple la normativa comunitaria, dejando desprotegidas a miles de personas», y ha criticado que el Gobierno no haya hecho nada en el último año a pesar de que el contenido de la sentencia se conoce desde hace meses, porque estaba recogido en el informe de la abogada del TJUE Juliane Kokott.
«Entonces el Gobierno reaccionó de manera muy sospechosa, presentando alegaciones que sirvieron para proteger los derechos de los bancos en lugar de proteger a la ciudadanía. Y desde entonces no han hecho más que perder el tiempo, han hecho parches y anuncios pomposos nada eficaces», ha criticado.
Por eso, ante la actual tramitación parlamentaria, ha ofrecido la colaboración del PSOE para abordar las modificaciones necesarias –que deben ir más allá a su juicio de los «insuficientes anuncios» hechos hasta ahora–, y ha reclamado que mientras se cambia la ley «se paralicen los desahucios».
«Es fácil hacer un titular diciendo que la sentencia desautoriza el sistema hipotecario; eso lo hace usted, allá usted con sus comentarios. Pero este Gobierno ha tomado numerosas medidas para proteger a los deudores hipotecarios, como el Código de Buenas Prácticas, el Fondo Social de Vivienda y las enmiendas en la dirección de la sentencia. Espero que usted, por coherencia y no por titulares, de alguna forma apoye dichas enmiendas», ha replicado De Guindos a la diputada socialista.
Además, ha reiterado que el Gobierno tiene «buena voluntad» de cara a afrontar los cambios y ha insistido en que cumplirá la ley y no «inhabilitará un sistema que ha funcionado en términos generales», sino que se buscará «sobre todo defender a quien se lo merece». «Usted, si quiere continuar con su demagogia, continúe», ha zanjado el ministro.
Suspender las ejecuciones
Sin embargo, también Pere Macías ha reclamado que se aborden los cambios legislativos «a la mayor brevedad» y que, mientras tanto, se «determine normativamente y cuanto antes la suspensión de los procesos judiciales en curso, en función de su casuística social».
«Debemos modificar como mínimo la Ley de Enjuiciamiento Civil para que cada decisión del juez sea eficaz y para que la legislación se adecue a la normativa comunitaria, 20 años después de su trasposición a la legislación española. 20 años son demasiados, durante los cuales muchas familias han sido victimas de un desequilibrio contractual que desde CiU venimos denunciando», ha añadido.
No obstante, el nacionalista catalán también ha subrayado que hace falta dar «seguridad al tráfico jurídico» a la par que se «legisla adecuando la normativa española a la europea y, sobre todo, amparando a las familias que de buena fe han creído en el Estado de Derecho».