La banca atrapada en Pescanova, cerca de 50 entidades españolas y extranjeras, ha comenzado a recibir datos «realistas y mínimamente fiables» sobre el mapa de deuda de la firma gallega, que podría acercarse a los 3.500 millones, según han informado a Europa Press en fuentes conocedoras de la situación económica de la firma gallega.
Una vez que el juez de lo Mercantil número 1 de Pontevedra apartara de la gestión de la firma a Manuel Fernández de Sousa y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) eligiera a Deloitte como administrador concursal de la gallega, las entidades acreedoras han comenzado a recibir datos sobre la deuda de la compañía y su situación real.
En concreto, según señalan las mismas fuentes, la deuda bancaria superaría los 3.000 millones de euros, de los cuales unos 1.900 corresponden a su matriz y el resto a filiales, tanto españolas como extranjeras. A este importe, se suma además unos 375 millones de euros correspondiente a las emisiones de bonos.
Así, el pasivo de la deuda de la firma gallega, que no incluiría la contraída con la Administración, duplica el importe de lo que figura en su pasivo auditado, 1.522 millones de euros al cierre del tercer trimestre de 2012, de los cuales 459 millones corresponden a acreedores comerciales.
Antes de conocer la declaración de concurso, la banca ha mostrado en varias ocasiones su apoyo a la continuidad de la firma gallega, si bien ha advertido de que sólo se sentaría a negociar la refinanciación de su deuda en el momento que cambiara su equipo gestor, liderado por Manuel Fernández de Sousa, algo que finalmente ha sucedido.
De hecho, no descartaron incluso la concesión de un crédito urgente de 50 millones de euros con el fin de que no hubiera demoras en sus pagos, entre ellos con sus proveedores, y con el objetivo de que la compañía operara con normalidad. La concesión de este nuevo préstamo se enmarcaba dentro del compromiso de la banca de mantener las líneas de financiación a la compañía, tanto a su matriz como a sus filiales.
Tras confirmar Deloitte su aceptación como administrador concursal, la auditora tendrá un plazo de dos meses para elaborar su informe. Asimismo, según establece la Ley Concursal, deberá comunicarse con los acreedores para informarles de la declaración de concurso y de su deber de comunicar sus créditos (para lo que tienen un mes).
La empresa concursada tiene el deber de comparecer ante el juzgado o ante la administración concursal siempre que sea requerida, y también el deber de «colaborar e informar en todo lo necesario o conveniente para el interés del concurso».