Con el verano dando sus últimos coletazos, la cúpula de Catalunya Caixa (52 directivos, entre ellos Narcís Serra y Adolf Todó), desfilaba a declarar en el juzgado de instrucción número 30 de Barcelona. La Fiscalía de Anticorrupción había presentado una denuncia contra la directiva de la caja catalana por el delito de administración desleal, al haber fijado retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas y ajenas a su situación real. El fiscal consideraba que utilizaron fondos de una entidad con connotaciones y transcendencia públicas, en beneficio propio y con claro perjuicio para la entidad. En la misma, en la que ahora el Fondo de Rescate (FROB), que pertenece al Estado, deberá indemnizar con 1,2 millones o readmitir Adolf Todó y Jaume Massana.
Mucho se ha hablado de las irresponsabilidades cometidas por las cajas de ahorro en España, sobre todo de las que terminaron formando parte de Bankia. Unas actividades que han sobrepasado la ilegalidad en varias ocasiones y por la que muchos ejecutivos han pasado por los distintos juzgados de España.
Lo de Bankia ha sido un desastre sin precedentes que ha costado más de 24.000 millones, sí, pero la peor gestión en una caja de ahorros se ha dado en la antigua Caixa Catalunya. La entidad ha recibido ayudas por más de 10.000 millones. Aunque es menor que lo pagado por Bankia, su necesidad de financiación en porcentaje a cualquier otra entidad española, con el 35%, mientras que en Bankia era el 23%. Si comparamos la facturación de ambas e igualamos su volumen de negocio, Caixa Catalunya hubiera necesitado 50.000 millones de euros, más del doble que Bankia. Por no hablar, de su elevada tasa de morosidad que superaba el 15%.
Con la llegada de Todó todo fue a peor
Adolf Todó llegó en 2008 en un contexto complicado para la caja catalana, como Director General, colocado por el Ángel Fernández Ordóñez cuando era Gobernador del Banco de España. La entidad estaba lastrada por una descomunal expansión en el negocio del ladrillo. Anteriormente había sido director general de Caixa Manresa, donde tuvo algunos problemas por actividades de dudosa legalidad.
En 2010 se crea Catalunya Caixa con la absorción de las cajas de Tarragona y Manresa. El 19 de enero de ese mismo año, Todó aprueba un aumento de sueldo para él y su adjunto Jaume Massana. A pesar del delicado momento económico por el que atravesaba la entidad.
En 2011, a pesar de seguir en estado crítico, el FROB decide colocar a Todó como presidente. Decidió subir el sueldo de los miembros del Comité de Dirección. El sueldo de Todó estaba por encima de los 800.000 euros anuales y el de su adjunto Massana superaba los 600.000. Para hacerse una idea de lo elevado del sueldo es la limitación que había introducido el FROB en salarios de directivos cuyas entidades habían sido rescatadas por el Estado, fijado en 300.000 euros. Por tanto, Massana doblaba esa cantidad y Todó casi lo triplicaba.
Catalunya Caixa se convirtió en un grave problema para el FROB y en 2012 decide ponerlo a la venta. La primera subasta se decide paralizar, porque se estaba realizando un test de estrés a la banca española. En la segunda la subasta, que se realiza en marzo del año pasado, queda desierta. El motivo era que las entidades que realizaron las ofertas exigían más dinero público para hacerse con la entidad.
En mayo de 2013 el FROB decide despedir a la cúpula de Catalunya Banc. Su presidente, Antonio Carrascosa, decide dar luz verde a la salida de Todó y Massana. Se hace mediante el envió de unas cartas que posteriormente han servido para que el juzgado de lo social número 8 de Barcelona les haya dado la razón al tratarse de unas cartas de despido que carecen de hechos concretos y determinados.
Los logros de la entidad desde que en 2008 Adolf Todó llegará a la entidad han sido: Cierre de un tercio de sucursales y el despido de 1.660 trabajadores, en 2011 perder más de 1.300 millones y más de 11.000 en 2012. Además de colocar participaciones preferentes de las que un 61% de ellas, no se sabe si se cobrarán. Por todo ello ha cobrado más 4 millones de euros y ahora no sólo le debemos pagar los españoles 600.000 euros más sino que exigía 300.000 euros más, hasta los 900.000. El Estado recurrirá la sentencia, aunque la primera batalla ya la han ganado Todó y Massana.