Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF consideran «un despropósito sin precedentes» que el Ministerio de Medio Ambiente haya dado luz verde a Repsol para buscar petróleo en aguas de Canarias y atribuyen «las prisas» en la elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) a su intención de «presionar» al Tribunal Supremo.
Según afirman, el Estudio de Impacto Ambiental con el que se ha elaborado la declaración que autoriza los sondeos de petróleo «ha estado lleno de irregularidades» y «ni siquiera se había concluido», ya que había documentos que, dicen, «aún estaban sometidos a información pública». Por eso, plantean que «las prisas por sacar ahora la DIA puedan ser una forma de presionar al Supremo sobre el sentido de su decisión».
«Resulta chocante que esta decisión tan impopular se tome justo ahora, una vez pasadas las elecciones al Parlamento Europeo, pero para las organizaciones ambientales resulta aún más injustificable el hecho de que no se haya esperado a la próxima sentencia del Tribunal Supremo, que previsiblemente se iba a pronunciar sobre el recurso presentado por las administraciones canarias en menos de dos semanas», explican.
En concreto, la Sala Tercera de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo había fijado para el 10 de junio la votación y fallo de los siete recursos interpuesto por administraciones públicas Canarias, organizaciones ecologistas y movimientos sociales contra las autorizaciones del Gobierno para realizar perforaciones petrolíferas frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote, conforme recuerdan las entidades.
«Por otro lado, las prisas para aprobar estas prospecciones contrastan llamativamente con el retraso que ha sufrido la declaración de la zona de la Red Natura 2000 que linda con los terrenos a prospectar, que ha sido manifiestamente demorada en su tramitación a pesar de sus grandes valores ambientales, mientras que se aprobaban el resto de zonas marinas», plantean.
En un comunicado, inciden en que se trata de un «acto injustificable» y alertan del «grave riesgo» que la búsqueda de petróleo puede acarrear, pues las prospecciones «suponen una fortísima afección sobre la fauna marina protegida (cetáceos, tortugas) y sobre los recursos pesqueros», pero, además, «da lugar a graves riesgos de vertidos por las explotaciones petrolíferas a gran profundidad, como ya han puesto en evidencia trágicos y catastróficos sucesos como el del Golfo de México».
«Precisamente cuando todos los informes científicos apuntan a que la única forma de limitar los negativos efectos del cambio climático es dejar bajo tierra la mayor parte de las reservas (de petróleo), el Ministerio toma esta decisión que abre la puerta a graves impactos, vertidos, daños a las poblaciones de cetáceos, a la actividad turística en la que se basa la economía canaria», denuncian las organizaciones.
Asimismo, destacan que la decisión «se toma en contra de la mayor parte de la población de las Islas Canarias, que se ha mostrado contundente y clara en su oposición firme a estas explotaciones que, lejos de suponerles beneficios, serán un estigma y una espada de Damocles sobre su principal actividad económica, el turismo».
Por todo ello, han anunciado que tratarán de «impedir por todos los medios legales posibles la realización de las prospecciones, recurriendo a todas las instancias europeas y estatales».