La Asociación Española de Tecnologías del Agua (ASAGUA) calcula que el conjunto del país necesita inversiones de entre 10.000 y 15.000 millones de euros para infraestructuras hidráulicas y reclama «visión de futuro» para acometer el Plan Nacional de Calidad de las Aguas.
Durante la celebración de su asamblea anual, ASAGUA ha destacado la situación de atonía que atraviesa el sector por el parón continuado de las inversiones. De este modo, ha añadido que la crisis ha provocado que la inversión haya caído progresivamente hasta ser casi inexistente, y esto ha desembocado en una pérdida importante de actividad en un sector que es motor de la economía.
Para el director general de ASAGUA, Antolín Aldonza, el Gobierno «debe establecer ya, de forma urgente» un marco legal para desarrollar fórmulas de colaboración público-privada, para que las empresas y administraciones públicas encuentren la debida seguridad sin que afecte al déficit público.
Además, han reclamado más inversiones en materia de agua porque han estimado que España necesita entre 10.000 y 15.000 millones de euros para infraestructuras del agua rentables y además reactivar la inversión en conservación y mantenimiento de las existentes, más un plus para rehabilitar el patrimonio hidráulico que haya resultado deteriorado a causa de la poca inversión habida en los últimos años.
En este presupuesto cabrían las 900 depuradoras nuevas que calculan que necesita el país. «Hay que construir las infraestructuras necesarias y mantener el patrimonio hidráulico que ahora se encuentra en estado de riesgo de deterioro prematuro si no se actúa con prontitud», han manifestado los responsables de ASAGUA.
En la asamblea, también se han analizado los planes hidrológicos y los precios del agua que, según el sector «deben ser un compendio de todos sus costes, incluido el de las infraestructuras y su reposición, pero al tratarse de un precio político el consumidor no paga lo que cuesta y la diferencia recae en todos los ciudadanos y en los operadores».
Asimismo, consideran que para ejecutar todas las actuaciones necesarias en abastecimiento, saneamiento y depuración es «imprescindible» recuperar los costes, lo que significa que los usuarios paguen el precio real del agua, incluidos los costes e las infraestructuras.
En este sentido, insisten en que sea «el consumidor final y no el ayuntamiento quien pague el servicio», porque es vital para la cooperación público-privada.