La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado este jueves que el decreto ley de Medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia busca «hacer partícipe a cada español de su parte correspondiente de la recuperación», y ha defendido el recurso al instrumento del decreto porque es legal y no es nuevo, ya que se ha utilizado más de 560 veces en los 40 años de democracia.
Así ha comenzado su intervención de defensa a la convalidación del decreto ante el Pleno del Congreso, donde la dirigente 'popular' ha recriminado a la oposición que centre sus críticas en la forma de aprobar las medidas y no en el fondo, señalando que se trata de un «pretexto para no encarar de frente la recuperación».
Además, ha defendido el uso en este caso de un decreto –que «no es una invención de este Gobierno»— ya que «España ha vivido una situación de extraordinaria y urgente necesidad desde que comenzó la crisis, y ahora es de extraordinaria y urgente necesidad encarar la recuperación», sobre todo para quienes «temen que la recuperación no les llegue cuando lo merecen: lo antes posible».
Coger el tren de la recuperación
«Este decreto trata de librar a la economía de las trabas que le impiden crecer y crear empleo con más intensidad, y hacer participe a cada español de su parte correspondiente de la recuperación. De eso va este decreto. Hablamos de estímulos con la capilaridad precisa para llegar a los sectores más necesitados de apoyo, a los que se ven necesitados de impulsos ágiles y eficientes ahora que comienza la recuperación», ha insistido Sáenz de Santamaría.
Tras desgranar algunas de las principales cifras macroeconómicas que han mejorado en los últimos meses (empleo, afiliación, prima de riesgo, exportaciones, PIB, financiación exterior, demanda interna, consumo privado, etc.), atribuyendo esta evolución a las reformas estructurales aprobadas en lo que va de legislatura, la vicepresidenta ha destacado que esta nueva coyuntura es lo que justifica que el decreto se presente ahora.
«Ahora es cuando toca impulsar la recuperación. Hay trenes que pasan pocas veces, y éste tenemos que cogerlo», ha llegado a decir, insistiendo en que gracias a las medidas incluidas en la norma se «consolidará la recuperación, se mejorará la competitividad y se incentivará la creación de empleo» a la vez que se «compensar a los que más han sufrido la crisis». «Son medidas urgentes de justicia social», ha apostillado.
Beneficios en varios frentes
En este punto, la vicepresidenta ha enumerado las distintas medidas que se incluyen en el decreto –aunque dejando fuera algunos ámbitos como los cambios en el registro civil, en materia de defensa o en la Ley del Cine–, centrándose particularmente en aquéllas que beneficiarán «a quienes necesitan un empleo y a quienes se lo pueden dar».
Y es que en la norma se incluyen los incentivos a la contratación vinculados a la Garantía Juvenil, porque «los jóvenes son una prioridad inaplazable», y también las rebajas fiscales para los autónomos, que supone un «adelanto de la reforma fiscal» que podrá aplicarse ya en este ejercicio.
«Me dirán o no si esto tiene urgencia. ¿Quiénes de ustedes pueden pedirles que esperen unos meses si tenemos capacidad para hacer cosas ahora? Entiendo su debate de las formas, pero en el debate del fondo hablamos de gente normal y corriente con problemas para llegar a fin de mes si nosotros no hacemos nuestro debate. De eso va este decreto», ha preguntado a la Cámara.
Junto con estos cambios, también se facilita la «operatividad» del sector comercial con medidas como la reducción de las comisiones por uso de tarjeta, la ampliación de las zonas de gran afluencia turística (ZGAT) para «lograr el máximo rendimiento del creciente turismo de compras», el apoyo a la financiación de la internacionalización de las empresas o la mejora de la competitividad de la economía con reformas que «mejoren el funcionamiento de los mercados» o que reduzcan costes como el energético.
Sáenz de Santamaría ha destacado además que en el decreto se ofrece la posibilidad a los ayuntamientos de refinanciar la deuda derivada de los créditos solicitados para pagar a proveedores con el objetivo de que puedan beneficiarse de las mejores condiciones del mercado —«Si no lo hacemos ahora cuando los ayuntamientos tengan que pagar deberán pagar los viejos intereses. Pregunten a sus alcaldes si esto es o no urgente», ha instado a la oposición– y recoge un nuevo impuesto sobre depósitos bancarios que aportará nuevos fondos a las arcas autonómicas.
En la misma línea, se «adelantan» beneficios fiscales para los desahuciados que han recurrido a la dación en pago y para las víctimas de las preferentes, porque «cuanto más se tarde en ponerlos en vigor más ejercicios prescritos habrá y menos gente podrá beneficiarse», y además se adoptan medidas para conjurar el déficit de tarifa gasísitico que se empezaba a crear para «evitar tener un sector difícilmente insostenible en el futuro».
Cambios en infraestructuras
Por último, Sáenz de Santamaría ha hecho referencia a los cambios en materia de Puertos, que están «perdiendo competitividad» porque «les faltan conexiones» que ahora podrán acometerse gracias a la facilitación de nuevas inversiones, y ha defendido también los cambios que se introducen en la estructura jurídica de Aena para «evitar que la entrada de capital privado genere subidas de los cánones».
En este sentido, la vicepresidenta ha recordado «para ir abriendo boca» en el debate que precisamente la apertura a la privatización parcial del gestor aeroportuario la decidió el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero «en un decreto que incluía anticipos de medidas de la Ley de Economía sostenible, una reforma de las Cámaras de Comercio, subidas de impuestos, una modificación del régimen de funcionarios, una modificación del Servicio Público de Empleo y la privatización de Loterías».
«Pero es que cuando ustedes gobiernan, por decreto ley se puede hacer esto y los mayores recortes de la Democracia», ha espetado al principal partido de la oposición, al que ha recordado que si ahora hace falta aprobar medidas urgentes con este instrumento jurídico es porque «el Gobierno anterior no hizo reformas a tiempo».
De hecho, ha recordado que si el Ejecutivo 'popular' no hubiera «afrontado de verdad los problemas del país» eso hubiera significado «más pronto que tarde el rescate del país». «Y entonces otros hubieran decidido por nosotros nuestro futuro. Ahora lo tenemos en nuestra mano. En su voto está que sigamos para adelante o que pongamos excusas a la recuperación, porque tengo la impresión de que lo que se debate aquí son excusas», ha insistido.
En cualquier caso, la 'número dos' del Gobierno ha asegurado no estar «cerrada al debate» en ninguna medida del decreto, que se podría tramitar como proyecto de ley si los grupos parlamentarios así lo deciden. «No tenemos ningún inconveniente en que planteen cuantas enmiendas quieren, pero sí tenemos urgencias. De hecho, ése será un buen momento, porque me apetecería hablar con ustedes también del fondo del decreto», ha zanjado.