La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha avanzado que el Gobierno prevé poner en marcha en octubre un Plan de Empleo e Impulso a la Activación con especial atención a los parados de larga duración en situación de «especial necesidad», y que de momento se encuentra trazando «mapa» entre el Estado y las comunidades autónomas para conocer el «universo» de personas a atender.
Según ha dicho, en este momento «se está trabajando en verificar esas necesidades», cruzando datos con las comunidades autónomas y las propias estadísticas del Gobierno.
Este plan se recoge en un documento de 21 página acordado con patronal con sindicatos, que Báñez ha presentado tras la reunión mantenida con los agentes sociales en el Palacio de la Moncloa, que ha estado presidida por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
No obstante, los sindicatos han sustanciado de forma particular una propuesta, más concreta, en la que no ha entrado la ministra de Empleo, para establecer una ayuda adicional también desde octubre para las 500.000 familias sin ingresos con su cabeza de familia en paro, con una financiación de 2.500 millones.
La clave radica, por tanto, en qué potenciales beneficiarios abordar. Así, Báñez ha querido dejar claro que «hay que trabajar de verdad en quien lo necesita, en las situaciones que no atiende ni en el Estado ni las comunidades autónomas». «Hay que ver el colectivo afectado y habrá recursos», ha añadido para apostillar que «los datos de los sindicatos hay que contrastarlos con el resto de interlocutores sociales y con las cifras del Gobierno».
La propuesta del Gobierno
Báñez ha señalado, por otra parte, que el plan del Gobierno responde a que es «consciente» de que hay familias con todos sus miembros en paro, a los que «hay que acompañar hasta que vuelvan a trabajar», y ha recordado que el Ejecutivo lleva desde 2011 ampliando el sistema de protección con medidas como la ampliación del Plan Prepara hasta los 450 euros al mes.
Concretamente, el documento señala que «las partes se comprometen a ampliar en el mes de octubre los mecanismos de protección ligados a las políticas de empleo a los parados de larga duración en situación de especial necesidad para facilitar su retorno al empleo sin perder la necesaria protección social». «Los beneficiarios deberán acreditar de forma regular su búsqueda activa de empleo, así como participar en cualesquiera acciones de inserción propuestas por los servicios de empleo», añade.
Por su parte, el secretario general de CC.OO. ha dicho que el «universo» de las ayuda que proponen las centrales serían unas 500.000 familias sin ingresos y con el cabeza de familia en paro, que requieren una «atención prioritaria». «En un país moderno no podemos dejar a estas personas», han asegurado.
«Esta ayuda debería ser de efectos inmediatos, en octubre, para que de forma progresiva el nivel de protección básico llegara a esas personas e ir discutiendo el establecimiento de una renta básica garantizada que complete el conjunto de la protección de la red social«, ha añadido.
Por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha indicado que esta propuesta requiere una concreción «urgente» y un desarrollo de la financiación necesaria.
«Es clave disponer de recursos suficientes para abordar los objetivos que se plantean», ha dicho. En este sentido, Toxo ha recordado que las propuestas fiscales de los sindicatos de cara a la reforma fiscal permitirían liberar 6.000 millones de euros adicionales.
Por su parte, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha asegurado este martes que la patronal «no pone reparos» a la creación de una ayuda para parados como ésta, que también está en línea con la propuesta formulada por el nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, aunque éste la cuantificó en más de 4.000 millones de euros. «Tenemos restricciones presupuestarias, pero también una bolsa de 500.000 familias en una situación alarmante», ha dicho.