El Estado recaudará 5.981 millones de euros menos en los próximos dos años por las rebajas en el IRPF que se incluyen en la reforma fiscal, a los que se sumarán otros 110 millones de euros menos para las arcas públicas por los cambios en el Impuesto sobre la Renta de los no Residentes (IRNR).
Así consta en la memoria de impacto económico del proyecto de ley de reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 1 de agosto y que comenzará a tramitarse en el Congreso el próximo mes de septiembre.
En el documento, el Ejecutivo cifra en 6.091 millones de euros el coste de las medidas, que se repartirán entre 3.420 millones de euros menos en 2015 (3.366 millones por IRPF y 54 por IRNR) y 2.671 millones de euros menos en 2016 (2.615 de IRPF y 56 de IRNR). Hacienda recalca que los cálculos sobre recaudación no tienen en cuenta la incidencia indirecta que pueden ocasionar las medidas en las decisiones de los contribuyentes sobre el consumo, el ahorro y la inversión.
En concreto, se perderán recursos por las nuevas exenciones de rendimientos de capital mobiliario procedentes de seguros de vida y planes de ahorro a largo plazo, por la supresión de la distinción entre ganancias patrimoniales generadas en un plazo superior o inferior a un año, por el aumento de los mínimos personales y familiares o por la revisión general de la escala de tipos impositivos.
Por contra, se incrementará la recaudación gracias a la introducción de un límite en la exención por indemnizaciones por despide y cese, a la reducción de los rendimientos por arrendamiento de viviendas, por la nueva tributación del reparto de las primas de emisión de los rendimientos del capital mobiliario o por el nuevo ámbito subjetivo de aplicación de la estimación objetiva, entra otras medidas.
Se compensarán las pérdidas
Estas cifras de pérdida de recaudación se extraen de los cálculos realizados 'ex ante', pero si se tiene en cuenta el efecto sobre la economía en la que confía el Gobierno, la caída de ingresos tributarios por IRPF se reduce hasta los 4.520 millones de euros entre los dos años.
Y es que el Ministerio de Hacienda estima que esta reforma propiciará un incremento del PIB del 0,17% en 2015 y del 0,13% en 2016, consiguiéndose un incremento acumulado del 0,3% en los dos años que, de cumplirse, elevaría el crecimiento de la economía 4,4 puntos entre los dos próximos ejercicios.
Por su parte, los cambios en el IRPF aportarán un crecimiento del empleo medido en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo del 0,27% el año próximo y del 0,18% al siguiente. Es decir, un 0,45% acumulado, que permitiría que 2016 se cerrara con un aumento del empleo del 3,15% con respecto a la actualidad.
En cualquier caso, en la memoria de este proyecto de ley no se incluye el efecto que el resto de medidas de la reforma fiscal tendrá en las variables macroeconómicas y que, a su vez, también podrían impactar en el IRPF.
Durante el Gobierno de Aznar
Así, aunque el Ejecutivo reconoce que «evidentemente el conjunto de cambios propuestos acarreará de forma directa una importante merma de recursos recaudatorios desde el próximo año», también matiza que las «consecuencias de signo positivo» que propiciará la reforma fiscal «compensarán en buena medida» este coste.
Y es que la reducción del IRPF para los contribuyentes conllevará una «sustancial mejora» de su renta disponible, lo que permitirá que aumenten el consumo, el ahorro y la inversión y propiciará, por tanto, mayores recaudaciones a través de otras figuras tributarias. Además, «de forma más dilatada en el tiempo», los cambios estimularán el crecimiento económico y el empleo, proporcionando mayores rendimientos del IRPF y más cotizaciones sociales.
En este sentido, se destaca que «la reforma tendrá consecuencias positivas en la economía, reforzando su crecimiento, tan necesario en estos momentos de incipiente expansión y estimulando la creación de empleo, superándose así de una manera más rápida la salida de la fase recesiva».
«Esta argumentación no sólo es teórica, sino que tiene fundamento empírico», asegura el Gobierno, que se remite a los cambios en el IRPF aprobados en tiempos de José María Aznar, cuando las pérdidas iniciales quedaron «compensadas con posterioridad de manera sustancial» y el saldo final del impacto de la reforma quedó «reducido a las dos terceras partes del coste inicial».
En cualquier caso, «dado que el rendimiento del IRPF se encuentra parcialmente cedido a las administraciones territoriales», el Ejecutivo reconoce que «el coste definitivo» de estas medidas «dependerá de las decisiones que adopten las comunidades autónomas en uso de las competencias normativas que el ordenamiento les atribuye, especialmente en materia de escalas de gravamen y del mínimo personal y familiar».
Finalmente, en la memoria se asegura que tras la reforma «las principales variables del impuesto –base imponible y liquidable, cuota íntegra y cuota final– recaen sobre los contribuyentes de bases imponibles más altas de forma más intensa que con la regulación actual», lo que significa que el IRPF se haga más progresivo y justo que hoy en día.