La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha denunciado ante la Fiscalía a cinco entidades financieras por incumplimiento del Código de Buenas Prácticas relativo a deudores hipotecarios.
Según han indicado a Europa Press fuentes de la Consejería que dirige Elena Cortés (IU), la denuncia, presentada el 23 de diciembre por la Delegación Territorial de Córdoba ante la Fiscalía Provincial, reclama al Ministerio Público que evalúe si el tratamiento de las entidades financieras BBK-Cajasur, Unicaja, Banco Popular, Bankia y Caixabank a deudores hipotecarios usuarios de la oficina de Córdoba del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda suponen un ilícito penal.
Las fuentes han apuntado que «aunque es sobre estas cinco entidades financieras sobre las que se aportan casos concretos», la Consejería «ha apreciado un incumplimiento muy extendido del Código de Buenas Prácticas en el conjunto de las entidades».
Según la denuncia, consultada por Europa Press, la Junta cree que se trata de «actitudes o comportamientos por parte de determinadas entidades bancarias que deben ser corregidas al objeto de reforzar el marco de protección de los deudores hipotecarios sin recursos», por lo que le dan traslado a la Fiscalía «por si pudiera ser constitutivo de ilícito penal».
La Consejería denuncia el incumplimiento del Código de Buenas Prácticas recogido en el Real Decreto Ley 6/2012 de 9 de marzo de Medidas Urgentes de Protección de Personas sin Recursos, y su posterior modificación con la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de Medidas para Reforzar la Protección a los Deudores Hipotecarios, Reestructuración de Deuda y Alquiler Social. Las fuentes han recordado que dicho Código de Buenas Prácticas es de adhesión voluntaria, pero de obligado cumplimiento.
La Consejería denuncia concretamente las siguientes prácticas, entre otras, «novaciones al amparo del Código de Buenas Prácticas que pretenden dar transparencia a cláusulas suelo recogidas en la hipoteca objeto de reestructuración; imposición de la obligación de estar al corriente de pago de las cuotas hipotecarias para acogerse al Decreto; inicio de procedimiento de ejecución hipotecaria sin dar cumplimiento al Decreto ni atender las medidas previas al mismo recogidas en él».
Otras prácticas denunciadas por la Consejería son las de «imposición de la obligación del pago de los costes de formalización de la escritura pública; imposición de la obligación a la firma préstamos personales de estar al corriente de pago aun cuando traigan causa de un incumplimiento anterior de la propia entidad; incumplimiento de la obligación de informar adecuadamente a los clientes sobre la posibilidad de acogerse al Código; o incumplimiento de la obligación impuesta en el artículo 5.9 del Decreto, en lo referido a la llamada 'letra pequeña'».
Las fuentes han recordado que el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda fue puesto en marcha por la Consejería de Fomento y Vivienda, en octubre de 2012 para evitar desahucios e intermediar ante las entidades financieras.