Los países de la eurozona y Grecia buscarán este lunes algún tipo de acuerdo sobre el futuro del rescate y la deuda helena, aunque las expectativas de alcanzar un compromiso son bajas porque las posiciones políticas están muy alejadas. «No tengo ninguna previsión sobre cuál será el resultado», admite un alto funcionario del Eurogrupo.
Mientras que los Gobiernos de la eurozona y la Comisión quieren que el nuevo Gobierno griego pida una prórroga del actual rescate con sus correspondientes ajustes, el primer ministro heleno, Alexis Tsipras, lo rechaza. Solicita en su lugar un «programa puente» que le permita revertir las medidas que considera «antisociales» y aligerar la carga de la deuda.
El Eurogrupo de este lunes era el plazo máximo que se había marcado Bruselas para lograr algún acuerdo con Grecia, ya que el programa expira el 28 de febrero y cualquier extensión debe ser ratificada por varios parlamentos nacionales, entre ellos el alemán o el irlandés. Pero ninguna de las dos partes muestra urgencia para encontrar una solución.
Tras el fiasco del anterior Eurogrupo del 11 de febrero, Tsipras acabó aceptando durante la cumbre del día siguiente reanudar el diálogo técnico con la troika, que ha sido rebautizada como «las instituciones» porque los griegos no la quieren como interlocutor de las negociaciones. Representantes del Gobierno heleno se reunieron el viernes con la Comisión, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para determinar el «terreno común» entre el actual rescate y el plan de Atenas. Los resultados de este diálogo técnico serán la base de las negociaciones de este lunes.
Desde el Eurogrupo se señala que las condiciones de los rescates, incluido el de Grecia, se han ido modificando y adaptando en cada revisión trimestral según la situación económica y ello se puede hacer también en el marco de la prórroga. El programa de ajuste «no es un libro sagrado que se firma al principio y en el que nunca se cambia ni una palabra, pero la teología se mantiene y también una gran parte», según destacan las fuentes consultadas.
En todo caso, el Eurogrupo admite que no habrá prórroga si Grecia se niega a pedirla. «No es crucial prolongarlo. También se puede acordar que se iniciarán las discusiones para un nuevo programa. Es una posibilidad real que no excluyo», apunta el alto funcionario.
Si no hay acuerdo, a partir del 28 de febrero Grecia dejará de tener financiación de la UE, de la que le quedaba por recibir 1.800 millones de euros del rescate y 1.900 millones de beneficios de la deuda helena que compró el BCE, así como una reserva de 11.000 millones para la banca que no se ha utilizado. Pero todavía contaría con fondos del FMI, cuyo rescate continúa hasta el primer trimestre de 2016, siempre eso sí que cumpla las condiciones.
El Eurogrupo asegura no conocer en detalle las necesidades de financiación de Grecia para este año porque no tiene datos de los ingresos tributarios de diciembre y enero, que según apuntan los analistas han caído considerablemente por la incertidumbre de las elecciones. El ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmó hace unas semanas que Atenas necesita al menos 10.000 millones de aquí a agosto y que sólo la UE está dispuesta a concederle financiación. La cifra que podría haber aumentado considerablemente por el enfrentamiento entre Bruselas y Atenas. Otras fuentes señalan que Grecia sólo tiene dinero para financiarse hasta marzo.
El tira y afloja entre el nuevo Gobierno griego y sus socios europeos podría prolongarse hasta que Atenas encuentre problemas de financiación. La otra clave está en la actitud que adopte el Banco Central Europeo (BCE), que ya ha decidido dejar de aceptar la deuda griega como garantía en sus operaciones de liquidez y ha abocado a las entidades helenas a financiarse con la línea de liquidez de emergencia (ELA, por sus siglas en inglés) facilitada por su banco central nacional.
Esta línea de liquidez de emergencia no está supeditada a que Grecia siga en un programa de rescate, según han explicado fuentes del BCE. Sin embargo, el consejo de gobierno del BCE la revisa cada semana y puede revocarla en cualquier momento por una mayoría de dos tercios, como ya hizo con Irlanda y con Chipre para obligar a los dos países a pedir el rescate.