La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) lamenta que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo no le haya recibido a pesar de las «decenas» de peticiones cursadas, y dice sentirse «despreciada» y «estigmatizada» por el departamento que dirige José Manuel Soria.
Este «desprecio», asegura en una nota, se extiende a un colectivo «formado por 62.000 familias, más de 300.000 españoles», y procede del «tándem» formado por Soria y su secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal.
Anpier dice haber pedido en 30 ocasiones reunirse con los responsables del Ministerio para realizar un «intercambio de pareceres respecto a la dramática reforma retroactiva que el Gobierno ha impuesto al sector».
Esta reforma, asegura, ha hecho que el 36% de los productores soporte rentabilidades negativas, mientras que, en el otro extremo, solo un 3% haya llegado a obtener el 7,4% que aseguraba el Gobierno.
«Al cambiar drásticamente la estructura de la amortización, el 100% de las familias productoras ha tenido que refinanciar o soportar los pagos mensuales con recursos propios, lo que ha supuesto aportar garantías adicionales a los bancos, aceptando, además, tipos de interés más altos», indica.
La asociación lamenta que los pequeños productores de fotovoltaica deban «soportar las reiteradas manifestaciones públicas que, de manera sesgada, culpabilizan al colectivo del déficit de tarifa y de los altos precios de la energía».
Estas cuestiones, dice, son «falaces», «como ha quedado acreditado desde la propia Unión Europea que encuentra la causa de los males del sistema eléctrico español en las sobrerretribuciones que ingresan las grandes empresas del sector y que bien podrían explicar que en un escenario de crisis, con precios altos de la energía y déficit del sistema, registren un volumen anual de beneficios inaudito».
«Es surrealista que las condiciones que ponderó el Estado con el objeto de sacarnos el dinero de nuestros bolsillos para desarrollar la fotovoltaica ahora sean consideradas exageradas y ofrecidas a la sociedad como un abuso. Es un ultraje que no vamos a consentir», señala en la nota el presidente de la asociación, Miguel Ángel Martínez-Aroca.