El último en sumarse en la cruzada pública y judicial contra Rodrigo Rato ha sido su sucesor, José Ignacio Goirigolzarri, en nombre de la entidad que preside. Bankia pedirá el próximo lunes el embargo de los bienes del ex vicepresidente del Gobierno de José María Aznar junto con el de los exconsejeros: José Luis Olivas, Francisco Verdu y José Manuel Nornilla. La entidad pretende que se cubra la fianza de 800 millones solicitada por el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, por la salida a bolsa de Bankia.
La firma reclamará cerca de 133 millones de euros a cada uno de ellos después de que realizará el pago íntegro de la medida cautelar para evitar así el impago. Goirigolzarri ha señalado que “a partir del lunes o martes comenzaremos las diligencias civiles, significa que podemos repetir esos requerimientos a a esas cuatro personas, y pediremos las medidas cautelares, y esas medidas cautelares (…) es el embargo del patrimonio».
Ocultamiento de Bienes
Fernando Andreu ha advertido de la «posibilidad» de que cuatro antiguos directivos de la cúpula de Bankia, entre ellos su expresidente Rodrigo Rato, estén ocultando sus bienes para hacer frente a las eventuales responsabilidades que se deriven de la investigación sobre la fusión y salida a Bolsa de la entidad.
Así consta en el auto en el que desestima el recurso que fue presentado por el ex consejero delegado de Bankia Francisco Verdú contra la fianza solidaria de 800 millones de euros en concepto de responsabilidad civil fijada contra Bankia, su matriz el Banco Financiero y de Ahorros (BFA) y los antiguos miembros del Consejo de Administración, Rodrigo Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y él mismo.
El magistrado afirma que la medida cautelar tiene como finalidad que el «transcurso del tiempo dificulte la ejecución de la sentencia» o cause «grave daño por el retraso en su ejecución» y añade que «se pretende evitar que los inculpados, ante la posible exigencia definitiva de una responsabilidad pecuniaria pretendan eludir esa obligación, ocultando sus bienes para evitar hacer frente a esas posibles responsabilidades». En este sentido, precisa que la «posibilidad de ocultación» concurre en este caso.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 explica que la fianza tiene como objeto «asegurar el restablecimiento a la situación» en la que se encontraba aquellos que pudieran haber resultado perjudicados a través de la adquisición de acciones en base a una «información engañosa o falsa».