El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investigará a Banco de Madrid y a siete exmiembros del Consejo de Administración por posible delito de blanqueo de capitales al entender que las operaciones sospechosas podrían haber causado numerosos perjuicios, no solo a los depositantes e inversores, sino a la propia entidad y a la economía nacional.
El magistrado ha admitido la querella presentada por las empresas Marine Instruments S.A. y Liunaski S.L. contra la entidad y contra los antiguos gestores de esta filial del banco andorrano BPA José Pérez Fernández, Higini Cierco Noguer, Ramón Cierco Noguer, Joan Pau Miquel Prats, Soledad Núñez Ramos, Ricard Climent Meca y Rodrigo Achirica Ortega.
En un auto, conocido este martes, Andreu acuerda librar oficio a la Fiscalía Anticorrupción para confirmar si ha abierto diligencias sobre estos hechos y, de ser así, recabarlas para evitar duplicidades, conforma establece el artículo 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) trasladó su denuncia al Ministerio Público tras investigar durante un año a la filial.
Los querellantes denunciaron ante la Audiencia Nacional por posible blanqueo de capitales al presidente del Consejo de Administración y sus vocales al sospechar que «pusieron la entidad a disposición de quienes quisieran blanquear dinero, suprimiendo o minimizando los controles internos a que venían obligados, no solo representándose y asumiendo la posibilidad de que fuera utilizada para mover u ocultar fondos de origen delictivo, sino incluso ofreciendo la entidad para dichos fines».
El Consejo de Administración de Banco Madrid, intervenido de forma preventiva por el Banco de España el pasado marzo tras la intervención de su matriz andorrana BPA por supuesto blanqueo de capitales, dimitió en bloque días después tras la celebración de una reunión extraordinaria.
No es una querella «absurda ni irracional»
El valor de los fondos invertidos por Marine Instruments S.A. en el fondo de inversión Banco de Madrid Renta Fija F1 ascendía a 683.458,56 euros, mientras que las aportaciones de Liuniaski S.L., socio mayoritario de la primera, se elevaron hasta los 2,54 millones de euros. Ambas se querellaron en la Audiencia Nacional contra la entidad y su equipo gestor al considerar que su actividad pudo afectar a una generalidad de personas y tuvo una repercusión «grave» en el tráfico mercantil o la economía nacional.
El escrito de estos clientes de Banco Madrid relata los motivos por los que el Banco de España decidió intervenir la entidad bancaria, a raíz de la propuesta de actuación del Departamento del Tesoro de EEUU, respecto a su matriz, la Banca Privada de Andorra, al considerarla una institución financiera «sometida a primer orden de preocupación en materia de blanqueo de capitales». Los querellantes repasan las circunstancias que llevaron al concurso de Banco de Madrid y a la situación de «pánico y desconfianza» generada en sus clientes, que provocó una fuga de depósitos entre los días 10 y 13 de marzo por valor de 124 millones de euros. La Fiscalía de la Audiencia Nacional informó favorablemente a la competencia de la Audiencia Nacional.
Andreu explica que estas actividades podrían ser constitutivas de delito y cree que no se trata de una «hipótesis absurda ni irracional desde el momento en el consta entre la documentación aportada el acuerdo del Banco de España de intervención de Banco de Madrid y que la misma se produce después de que el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas supervisor de BPA decidiera intervenir esta entidad» para asegurar el cumplimiento de la normativa en blanqueo de capitales.