A lo largo de los últimos meses, acentuado con la toma de poder de Syriza en Grecia, una por una, todas las grandes firmas económicas como Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America, agencias de calificación u organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional han señalado la inestabilidad política como el lastre principal de la economía española. Dicho y hecho. Las pasadas elecciones del 24 de mayo han confirmado los peores presagios.
La gran diferencia entre España y los otros países del resto de Europa con problemas económicos graves ha sido la estabilidad en el Gobierno. Ello ayudó a llevar a cabo las reformas (exigidas por Bruselas) que la economía española necesitaba para despegar. Se pidió consolidación en las cuentas y el Ejecutivo optó por la mayor subida de impuestos de la historia. Se aprobó la reforma laboral aunque fuera una parte muy pequeña de la pedida por Bruselas. En definitiva, más allá de leyes triviales sobre el aborto o el matrimonio homosexual España llevó a cabo las medidas que los organismos económicos pedían. Ahora, todo queda en el aire.
La mejora económica que ha vendido el Partido Popular desde antes incluso que comenzará la campaña electoral no se sostiene sobre una base sólida. Eso se conocía desde Bruselas, Londres o Nueva York por eso ahora existe miedo real de que un cambio radical de política contraiga la economía. Más miedo infunde, en algunos ya pánico, que el viraje político se puede producir hacía la extrema izquierda vista la eficacia que ha tenido en Grecia. En tan sólo cuatro meses han quebrado (sí se podía ir a peor) el país, Syriza ha decretado que no tiene dinero para pagar al FMI en junio, han desesperado a toda la Unión Europea y el país no ha decretado un corralito (todavía) gracias al Banco Central Europeo.
Focos de peligro
Los informes de los diversos entes económicos son muy claros a la hora de identificar los puntos clave en los que podría peligrar la economía española. En primer lugar se debe aclarar que España es una de las mayores economías mundiales y que su caída o recesión difícilmente podría ser salvada como Grecia. Una deuda de 1,4 billones de euros y un gasto público cercano a los 440.000 millones de euros anuales.
El programa económico de los partidos de extrema izquierda, ya sea Podemos, Ahora Madrid u otros aboga por una importante subida del gasto público. Esa propuesta irían en contra de todas las recomendaciones que se han realizado y tendría varios efectos:
– La expansión de gasto se haría a través de deuda, ya que, todo lo que se recauda a través de impuestos no llega para todo el gasto.
– Son cerca de 60.000 millones los que se piden prestados al exterior a unos tipos de interés ahora bajos pero que crecerían de tomarse la medida
– Si crecen los intereses se complica refinanciar la deuda haciendo inasumible el pago de ella.
– Si España entra el default el grifo del crédito se cierra y se harían recortes inmediatos. Por ejemplo una caída de las pensiones del 50%.
– La caída de España tendría efectos severos en la economía mundial
Acabar con la reforma laboral. Tanto PSOE como Podemos (una posible coalición de ambos) ya han anunciado públicamente su derogación si llegan al poder. Retrocedería a un sistema que ha llevado a España a cifras de desempleo nunca vistas. Además, ambos partidos incluyen una subida en el impuesto de sociedades que se traducirán en despidos en muchas empresas. Ambas medidas, también irían en contra del consenso internacional.
El mercado laboral y el alto volumen de deuda son los grandes focos que atisban los expertos aunque existen muchos más. La banca pública tampoco gusta, visto como terminaron las cajas de ahorro en el pasado. La excesiva regulación bancaria o mercantil también supondría un inconveniente a la generación de negocios y a la postre de empleo. En definitiva, a la espera de programas económicos para las generales y las posteriores elecciones, España podría ser un foco de problemas.
“Ahora Madrid, mañana Caracas”
El chiste proviene de Londres donde ya se han hecho eco de la victoria de Carmena. Las dos grandes triunfadoras del 24M tienen sus propios planes para las dos grandes ciudades de España, Madrid y Barcelona. En principio, su radio de actividad es limitado. Los ayuntamientos de Madrid y Barcelona, aunque son epicentros de negocios, no tienen la repercusión que tendría una Comunidad Autónoma o incluso poder en el Congreso de los Diputados. Aun así, la ideología de ambas no ha gustado entre los inversores.
Sus grandes medidas tendrían repercusión importante en la economía de ambas ciudades. Las medidas de ambas podrían dividirse entre las irrealizables y las que suponen una expansión del gasto (que deberá traducirse en más impuestos o más deuda).
Entre las irrealizables en Madrid se encuadran la paralización de desahucios. No es posible llevarse a cabo porque la Ley de Enjuiciamiento Civil no lo permite, ya que, ni ayuntamientos ni CCAA tienen potestad para paralizar un desahucio. Las fuerzas de seguridad, además deben obedecer en todo momento lo dictado por los jueces. Una alternativa es la de utilizar viviendas sociales, pero está limitada al número de ellas. Tampoco expropiar viviendas a los bancos, incluso el Tribunal Constitucional lo ha denegado. Irrealizable también es recuperar viviendas vendidas (demasiado gasto), crear un banco público o recuperar ciertos servicios públicos.
Además, las medidas que quiere tomar Carmena ya han puesto en jaque la inversión de hasta 9.000 millones en los proyectos de Chamartín y Campamento. Incluso otras son más peligrosas, como la de la autoría de la deuda en uno de los ayuntamientos más endeudados de España.
Colau y su moneda
Se trata de una de las medidas más extrañas de toda la campaña electoral, la creación de una moneda para su uso en Barcelona. Aunque quizá la medida que más impacto puede tener en la ciudad es la de “establecer una moratoria de concesión de nuevas licencias para todos los tipos de alojamiento turístico”. Es de esperar que tenga efectos negativos en una ciudad que recibe 27 millones de turistas que es uno de los pilares de la economía. Conviene recordar que Barcelona es la hucha de Cataluña y que si su economía no funciona, podría disparar los problemas económicos de la comunidad que ya son de por sí muy grandes.
Sus medidas contra desahucios padecen de los mismos males que los de Madrid. La LEC impide que eso se produzca. Colau va a más y pone en riesgo también importantes inversiones en Barcelona al asegurar que «el Consistorio denunciará públicamente a las entidades financieras, fondos buitres y grandes propietarios que no se muestren favorables a la negociación y estudiará otras medidas de presión, como dejar de operar con las entidades bancarias en cuestión». En definitiva, se dejan en el aire importantes inversiones que se traducirían en puestos de trabajo y riqueza para la ciudad.
Por último sus otras grandes medidas son garantizar contratos a los trabajadores del ayuntamiento lo que podría aumentar su plantilla elevando su coste. Además, la paralización de las externalidades que supondrían aumentar de nuevo el gasto público.