En España la actualidad parece guiada por un guionista de comedía. El Parlamento vasco ha aprobado el dictamen de la Proposición de Ley de Vivienda que contempla un pago para las casas desocupadas y la expropiación de temporal de viviendas vacías propiedad de los bancos. Lo hacen un día después de que el Tribunal Constitucional tumbase la misma medida hecha por Andalucía.
Los partidos que lo han sacado adelante han sido PSE-EE, EH Bildu y UPyD, tras la aprobación del texto en la Comisión de Vivienda. La votación se producirá en un futuro pleno en el mes de junio.
La comedia continua, ya que, algunos políticos han intentado defender una propuesta tumbada hace tan solo un día. Bixen Itxaso, del PSE -partido impulsor de la proposición de ley-, ha asegurado que la propuesta vasca «no supone una trasgresión del espíritu constitucional», sino «más bien al contrario». Itxaso ha defendido que esta ley no pretende sino hacer realidad el derecho a una vivienda «digna» recogido en el Artículo 47 de la Constitución.
Impacto económico
La parlamentaria de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia ha defendido la necesidad de actuar con «ambición» para garantizar el derecho de los ciudadanos a una vivienda. Además, ha criticado a quienes aluden a argumentos económicos para rechazar esta iniciativa, y ha recordado que la sanidad y la educación públicas también tienen un elevado coste, «y nadie las pone en cuestión».
Por parte de UPyD, Gorka Maneiro ha destacado que se trata de una ley «justa y progresista». Además, ha asegurado que el texto «cumple todas las garantías necesarias para que pueda salir adelante».
Por el contrario, Norberto Aldaiturriaga (PNV) ha advertido de que el texto puede generar una «enorme inseguridad jurídica». Además, se ha mostrado partidario de la expropiación forzosa del uso de viviendas a entidades bancarias, aunque ha asegurado que «el lugar adecuado» para regular esta cuestión es el Congreso de los Diputados.
Por parte del PP, Laura Garrido ha afirmado que la decisión del Tribunal Constitucional constata que legislar sobre esta materia es «competencia exclusiva del Estado», por lo que se trata de una cuestión «vedada» a las comunidades autónomas.
La Proposición de Ley de Vivienda de Euskadi reconoce el derecho subjetivo del acceso a la vivienda, lo que supone que las personas con escasos recursos, y sin posibilidad de alquilar un piso por sus propios medios, podrán exigir ante los tribunales de justicia que la Administración les facilite -a cambio de un alquiler social- una vivienda en la que residir.
15% De los ingresos
Para hacer efectivo este derecho, se establece que a las personas con unos ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no se les podrá exigir que paguen por un alquiler más de un 15 por ciento de su renta disponible. Esta cifra, para el resto de colectivos reconocidos en la ley, se elevaría a un 30 por ciento.
Otra de las principales medidas que se recogen en la ley es el establecimiento de un canon para gravar los pisos vacíos. La medida no afecta a las viviendas de veraneo, sino sólo a aquellas que permanezca desocupadas de forma continuada y durante más de dos años.
Alquiler
Este recargo se aplicará cuando una vivienda lleve más de dos años sin ocupar y será de diez euros por metro cuadrado al año. No obstante, por cada año que pase sin que el piso sea ocupado, se aplicará un incremento del canon de un diez por ciento, hasta un límite por el que no se podrá triplicar la cuantía del gravamen inicial establecido.
Además, se determina que en los cinco primeros años desde la entrada en vigor de la norma, el 80 por ciento de la vivienda pública que se construya en Euskadi deberá estar destinada al alquiler. Una vez transcurridos esos cinco años, todos las viviendas públicas que se creen deberán ser para alquiler.