El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha entregado este martes al presidente del Congreso, Jesús Posada, el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016, enviándoselo por vía electrónica como ya hizo el año pasado, y ha dado así el pistoletazo de salida a la tramitación de las cuentas del próximo ejercicio.
Como es habitual, el ministro ha posado ante los fotógrafos en el Patio de Floridablanca de la Cámara Baja poco antes de las 10.00 horas, acompañado por sus tres secretarios de Estado: de Presupuestos, Marta Fernández Currás; de Hacienda, Miguel Ferre; y de Administraciones Públicas, Antonio Beteta. En esta ocasión, se ha sumado también la secretaria general de Coordinación Autonómica y Local, Rosana Navarro.
Como viene siendo habitual durante los últimos años, el ministro no ha posado con ninguno de los elementos del Presupuesto, cosa que sí ha hecho tras entregar al presidente del Congreso el 'pen drive', el libro amarillo donde se recoge el detalle de las cuentas públicas y el código QR para acceder a la información online.
A este acto institucional, que como es tradicional ha tenido lugar en el Salón de Pasos Perdidos, han asistido también otros altos cargos del Ministerio de Hacienda, el presidente de la Comisión parlamentaria de Presupuestos, el socialista José Enrique Serrano; y varios diputados 'populares', entre ellos los portavoces de Hacienda y Presupuestos, Ana Madrazo y Jaime Olano, respectivamente.
Tecnología digital
A lo largo de esta legislatura, el Ministerio de Hacienda ha intentado aprovechar las nuevas tecnologías existentes en cada momento para facilitar el acceso a los Presupuestos. Así, al pen drive con toda la información que desde hace años acompaña a la documentación en papel se une desde hace un par de ejercicios un código QR que, con una simple fotografía, permite acceder directamente a la web donde se 'cuelga' el Presupuesto.
Este año, como ya sucedió cuando se presentaron las cuentas de 2015, el ministro ha vuelto a utilizar una tableta para, a golpe de dedo índice, enviar por vía electrónica el archivo a una televisión. No obstante, la información no estará disponible en la web de Hacienda hasta las 11.30 horas, cuando comience la rueda de prensa de Montoro.
Cuentas de la recuperación
Según el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, estas cuenta cierran una «etapa dificilísima» y abren un nuevo periodo de crecimiento «sostenido» y de creación «intensa» de empleo.
La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, también ha reiterado ese mensaje de que la intención es consolidar la recuperación de la economía y el empleo mediante un incremento de la inversión además de reforzar el Estado del Bienestar con una mejora del gasto social y de devolver a los ciudadanos parte de los esfuerzos hechos durante la crisis.
Para ello, se parte de un límite de gasto no financiero de 123.394 millones de euros, lo que supone un descenso del 4,4% respecto al techo de gasto de 2015. La cifra se basa en una previsión de ingresos tributarios de 193.520 millones, un 4% más que en 2015, que se queda en 134.773 millones tras la cesión a las administraciones territoriales, un 0,8% más.
Además, contempla un objetivo de déficit para el Estado de 25.134 millones (2,2% del PIB), una financiación de las administraciones territoriales a través del presupuesto de gastos de 33.797 millones y unos ajustes de contabilidad nacional de 2.716 millones.
Primeras cifras
Si se engloban los gastos en las grandes políticas del Gobierno, el 53% del total de presupuesto del año que viene irá a gasto social, con 188.130 millones de euros, un 0,4% más. Al descontar el gasto en desempleo, el gasto social sube un 3,8% y se queda en 168.309 millones.
De su lado, el 34% se destinará a actuaciones de carácter general, con 118.640 millones, un 4,5% más que hace un año, mientras que las actuaciones de carácter económico supondrán el 8% del gasto total con 28.373 millones y un descenso del 6,6% –sólo las inversiones reales crecerán un 4,6%–. La financiación de comunidades y ayuntamientos aumentará unos 10.000 millones.
Además, la política de gasto de servicios públicos básicos contará con 16.716 millones de euros, el 5% del total y un 1,4% más que en el Presupuesto de 2015, cuando se destinaron 16.485 millones. En concreto, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad aumentará su partida un 5,3%, lo que permitirá elevar algunas partidas fundamentales para el estado de bienestar, como la dependencia.
Los gastos de personal subirán un 4,9% y sumarán 16.839 millones, lo que incluye la subida salarial del 1% que ha incluido el Gobierno en las cuentas y la recuperación de parte de la paga extra suprimida en 2012 y de uno de los días de libre disposición ('moscoso'). Además, la tasa de reposición de los servicios esenciales subirá al 100%.
Tramitación parlamentaria
Aunque el inicio de la tramitación del Presupuesto de 2016 comenzó a principios de julio, con el techo de gasto, y siguió con la aprobación del proyecto de ley por el Consejo de Ministros el pasado viernes, el acto de este martes constituye el pistoletazo de salida oficial, que tiene lugar en un periodo inusual –principios de agosto, en lugar de finales de septiembre– por la intención del Ejecutivo de dejar las cuentas aprobadas antes de disolver las Cortes por la convocatoria de elecciones generales.
Una disolución que tiene que producirse 54 días antes de la celebración de los comicios, lo que podría retrasarse hasta el mes de diciembre habida cuenta de que el Gobierno no prevé tener las cuentas aprobadas de forma definitiva hasta mitad de octubre.
Aunque no será hasta esta tarde cuando la Mesa y Junta de Portavoces de Presupuestos den luz verde al calendario concreto de la tramitación, ya está previsto que las comparecencias de los altos cargos se realicen los días 18, 19 y 20 de agosto en turno de mañana y tarde y sin pausa para comer. Previsiblemente, el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, será quien inicie esta ronda como es habitual.
La intención de los responsables parlamentarios es limitar el número de comisiones de modo que, por ejemplo, los asuntos de Economía o Hacienda sean vistos por la Comisión de Presupuestos o los de Servicios Sociales por la de Sanidad, sin tener que convocar a todos los órganos.
Presentación de enmiendas
Finalizadas las comparecencias, las diferentes formaciones podrán presentar sus enmiendas contra la totalidad del proyecto de ley previsiblemente hasta las 14.00 horas del viernes 21 de agosto, con el objetivo de que los vetos se puedan debatir en un Pleno extraordinario de la Cámara Baja previsto para los días 25 y 26 de agosto.
Una vez rechazadas las enmiendas de totalidad –gracias a la mayoría absoluta del PP–, el plazo de presentación de enmiendas al articulado permanecerá abierto, si se cumplen los plazos habituales, hasta las 14.00 horas del viernes 28, de modo que la Ponencia del Presupuesto pueda debatir cuáles incorpora automáticamente y emitir su informe antes de que acabe agosto.
Durante la primera semana de septiembre, la Comisión que preside Serrano revisará en varias sesiones las enmiendas parciales que queden vivas, centradas en los diferentes capítulos del Presupuesto, para que el dictamen resultante pueda ser debatido por el Pleno del Congreso, previa intervención de cada uno de los ministros, durante la segunda semana de septiembre.
Una vez la Cámara Baja haya votado todas las enmiendas y aprobado el texto, éste se remitirá al Senado, donde se seguirá el mismo procedimiento de tramitación, que concluirá con la remisión del texto resultante al Congreso para un último debate hacia mediados de octubre.