La creación de un texto que enmarque los intereses de doce países distintos que suponen el 40% de la economía mundial es tarea titánica. Hacer confluir los intereses (la gran mayoría ocultos) de grandes multinacionales cuyos lobbys son los más potentes del mundo es incluso aún más difícil. Por ello, la aprobación del acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) ha durado más de cinco años.
Los dos grandes impulsores del proyecto son Japón y Estados Unidos que ven en ello una posibilidad de imponer su política por encima de los designios chinos. Como señala el propio presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que subraya que «cuando un 95% de nuestros consumidores viven fuera de nuestras fronteras, no podemos dejar que países como China dicten las reglas de la economía global». Ambos países están demasiado expuestos a la economía china, ya sea porque el gigante asiático es el mayor comprador de su deuda (Estados Unidos) o porque es su mayor socio comercial (caso de Japón). Además, de los promotores están Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.
El objetivo del acuerdo es reducir las barreras comerciales fijando estándares comunes. «Esta asociación nivela el campo de juego para nuestros granjeros y fabricantes eliminando más de 18.000 impuestos con los que diversos países gravan nuestros productos», destacó tras cerrarse el acuerdo el presidente de EEUU, Barack Obama, quien subrayó que el pacto fortalece la relación estratégica de EEUU con sus socios en la región.
Ganan las farmacéuticas
Es probablemente uno de los lobbys más poderosos, no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Para hacerse una idea del dinero que puede llegar a mover dicha industria sirve el ejemplo que solo en fusiones y compras de empresas en 2014 se movieron 222.000 millones de dólares. Es por ello, que Estados Unidos tenía la misión principal de preservar el negocio de ellas.
Estados Unidos pedía una vigencia de las patentes para la protección de la explotación de medicamentos biotecnológicos de 12 años, otros gobiernos como Australia o Nueva Zelanda demandaban uno de cinco años. Eso significa que las farmacéuticas pueden expandir el tiempo de legalidad y caducidad de sus patentes aumentado ingresos en detrimento de una mayor investigación y con precios superiores. También hay un ejemplo de lo anterior, cuando la Corte Suprema invalidó la patente Myriad en el gen BRCA que tuvo unos resultados muy positivos para los ciudadanos al aumentar la innovación con resultados mejores y a menores precios.
Intereses de cada uno
El anterior punto es uno más de los 30 capítulos que cubre el ‘libre’ intercambio de bienes y servicios que se ha acordado. Cada país ha intentado afianzar su posición en aquellos mercados estructurales de su economía o ganar posiciones en aquellos que son más dependientes.
Así Nueva Zelanda ha buscado potenciar y beneficiar su industria láctea. Australia ha potenciado su intervención en el sector azucarero que prácticamente monopolizan Estados Unidos y México. El propio EEUU ha potenciado no solo su sector farmacéutico sino también el de protección intelectual, algo que ya realizo en su propio sistema legal con la denominaron “Mickey Mouse protection Act” (Copyright Term Extension Act). Al igual los norteamericanos buscan más poder de decisión en el mercado del arroz. Por su parte Canadá puede sacar partida en la exportación de gas a dichos países.
Saltan los detractores
Los tratados de libre comercio traen consigo una mala imagen que ha llevado a un número amplio de personas a manifestarse en contra cada vez que había una reunión. No solo en el TPP sino también se ve en el TIPP (el tratado de libre comercio que negocian Estados Unidos y Europa). Entre los muchos males que le adolecen se encuentran más ‘leyendas urbanas’ que consecuencias directas.
Gran parte de ellas se deben a la posibilidad que se le otorga a las empresas de acudir a tribunales de arbitraje privados para exigir compensaciones a los países que regulen contra sus intereses. Aunque no es exactamente así, en realidad lo busca la medida es proteger la inversión de cambios de gobiernos y de leyes, que puedan tirar por la borda la inversión realizada. Sí una empresa ha llevado a cabo una fuerte inversión tras cerrar un acuerdo con un gobierno (elegido democráticamente) este punto posibilita que si otro gobierno decide rescindir de forma unilateral el contrato o la condiciones las empresas puedan ser resarcidas.
Este punto provoca confusiones, al pensar que las empresas se colocan por encima de los Estados y de sus ciudadanos aunque no es así exactamente. Proteger a la empresa privada es necesario para fomentar la inversión y generar empleo y riqueza pero también conlleva algunos problemas. Los tribunales supranacionales ya existen y funcionan a la perfección, el caso del de La Haya. Pero quizás eso no es necesario en países con sistemas judiciales de calidad como Europa o Japón.
Otro como que las empresas podrán “degradar el medio ambiente y el clima”, “que industrias extranjeras impugnen la legislación ambiental de países soberanos” no son más que leyendas. Un claro ejemplo es el caso Wolkswagen que fue descubierto en EEUU y que afrontará multas récord que algunos cifran por encima de los 80.000 millones. También se dice que “incrementará la exportación de gas fracking” que de ser así será porque es más barato que otras fuentes de energía a través de dicho sistema, ya que el TPP no obliga a ningún país a comprar a otro.