El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado que no pedirá nuevos recortes a Cataluña, sino un reajuste en su Plan Económico Financiero (PEF) para cumplir los objetivos de déficit pactados con Bruselas.
«No se piden más ajustes ni más recortes, que se entienda con toda claridad», ha señalado Montoro a los medios antes de participar en la Asamblea General de Ceaje. «Se trata de una actualización de su Plan Económico«, ha añadido.
El ministro ha explicado que el ajuste adicional de más de 1.300 millones que tiene que hacer Cataluña se debe a la imputación al año 2015 de unos contratos público-privados del año 2013 que fueron ocultados a la Intervención General del Estado.
Esta situación, que también se ha producido de forma similar en el Ayuntamiento de Zaragoza, obliga a Hacienda a pedir a Cataluña que actualice su PEF para tener en cuenta las nuevas circunstancias.»Desde el Gobierno no se piden más recortes ni a Zaragoza ni a Cataluña», ha insistido el ministro, que ha considerado «lamentable» que estas cosas sigan ocurriendo en España, aunque cada vez «quede menos».
En cualquier caso, ha subrayado que la situación de Cataluña es de una «marcada inestabilidad política», tal y como se ha visto este mismo jueves en el Parlamento catalán, y se debe a la «obstinación» de Artur Mas, que no tenía que haber convocado las elecciones ni llevar a la comunidad a esta situación.
Aún así, Montoro ha asegurado que Cataluña es «mucho más» que el Gobierno de la Generalitat, igual que España es mucho más que su Gobierno actual, y uno los grandes motores del crecimiento y el empleo en este momento.
Hay que bajar el déficit
Sin embargo, todas las administraciones tienen que seguir reduciendo el déficit, más ahora que se ha demostrado que se puede bajar al tiempo que se estimula el crecimiento. «Hay que seguir con una clarificación máxima de las cuentas públicas», ha dicho.
Además, ha recordado que el Gobierno de España es el de todos los catalanes y cuenta con mecanismos «más que suficientes» para garantizar la financiación de los servicios públicos de los catalanes, «aquellos que la Generalitat no puede atender por su calificación de bono basura».