La factura de la luz es uno de los temas que más quebraderos de cabeza ha provocado al Partido Popular durante esta legislatura. Un claro ejemplo de ello han sido las continuas predicciones del actual ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, sobre supuestas bajadas en el precio de la luz que no se han cumplido. La última fue en abril de 2015 que pronosticó una caída del 7,5%, mientras la luz subió entre enero y septiembre un 8% (unos 6 euros por factura). El PP ha presentado este miércoles su programa económico para las elecciones del próximo 20 de diciembre, en el que promete que «congelará la parte regulada» del recibo de la luz si continúa en la Presidencia del Gobierno.
Los conservadores aclaran en su programa económico que heredaron un sistema quebrado con una deuda acumulada de 26.000 millones de euros, y que fue con el PSOE cuando más se ha elevado la factura de la luz. Un 70%, calculan los 'populares'.
Para acabar con esta controvertida situación, el PP no propone rebajar la factura, sino «congelar» la parte que depende del Gobierno y a aprovechar los superávits del sistema que puedan surgir para rebajarla. La medida se dirige esencialmente a la parte del recibo que controla: un 60% de ellos entre impuestos y peajes de acceso. La última vez que los 'populares' se comprometieron a congelar esta parte de la factura, los ciudadanos acabaron con una subida del 2% impuesta por el ministro Soria en enero de 2014.
El PP propone reducir «los impuestos sobre la generación eléctrica», aunque una de sus últimas medidas fue imponer el denominado ‘impuesto al sol’. El Partido Popular señala al PSOE como el principal culpable de esta situación, pero lo cierto es que el problema con el déficit tarifario se remonta a 1997, cuando el responsable del Gobierno era el conservador José María Aznar. Entonces se aprobó la Ley 54/1997 (que más tarde se convirtió en el Real Decreto 1432/2002) y se estableció que la tarifa eléctrica no podía subir más que el IPC.
Apoyo total al TTIP
Además, apoyar la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es otro de los puntos fuertes del Partido Popular en materia económica. Se trata de uno de los puntos distintivos de los 'populares' frente a otros partidos como Izquierda Unida o Podemos que desde el inicio se han opuesto.
El PP llevó al Congreso de los Diputados una Propuesta No de Ley para presionar a Bruselas para acelerar las negociaciones del tratado. El entonces diputado del PP, Pablo Casado, defendió en la Cámara Baja que la Unión Europea «no puede permitirse perder este tren».
El Tratado de Libre Comercio tiene ciertos puntos conflictivos que le han convertido en un acuerdo muy polémico no sólo a nivel nacional sino también internacional. Entre las muchas críticas que surgido contra el TTIP destacan: oscurantismo de la información que se debate; la posibilidad de las multinacionales de demandar a los Estados cuando crean que se vulneran sus derechos; desregularizaciones de ciertos sectores y menores exigencias en las normas de calidad de ciertos productos para adecuarse con Estados Unidos.
“Sistema austríaco” del PP
Y en lo que a medidas relacionadas con el empleo respecta, el Partido Popular vuelve a apostar por la constitución de un «fondo de capitalización para los trabajadores». Se trata de una fórmula que se aplica en Austria (la conocida ‘mochila austríaca’) por la que la empresa paga, además del salario un porcentaje del mismo que va directo a una cuenta del trabajador. Esta iniciativa no es nueva, sino que ya estaba recogida en el programa con el que los 'populares' llegaron a La Moncloa hace cuatro años, aunque finalmente no se ha puesto en marcha.
En 2011 el PP hablaba de la «creación de un fondo de capitalización individualizado», pero no hacía referencia explícita al «modelo austríaco» como sí ocurre ahora. La medida 'popular' es similar a la realizada por Ciudadanos el pasado mes de febrero. El partido dirigido por Albert Rivera fue más concreto en su propuesta al indicar que el porcentaje sería del 1% y que consistiría de una “contribución empresarial”. En el caso del PP no se concreta el porcentaje, ni tampoco si el pago saldrá de la empresa, del salario del empleado o del Estado.
En 2011, los conservadores prometieron impulsar esta medida siempre y cuando la situación económica del país lo permitiera. En esta ocasión, el PP se muestra más comedido y asegura que analizarán esta iniciativa «en el marco del diálogo social y el debate parlamentario para la introducción”.
El caso práctico (el PP señala directamente a Austria) se trataría de un porcentaje del 5% que asumen las empresas. En el caso de España la implantación del sistema supondría un sobrecoste para las empresas que no todas podrán asumir. En febrero, cuando Albert Rivera se mostró partidario de este sistema, los conservadores pusieron en circulación un argumentario en el que alertaban de que eso requeriría «subir las cotizaciones sociales a los empresarios y eso encarece la contratación». Hace 9 meses lo veían «inviable». Sin embargo, hoy vuelven a apostar por él.