Uno de los grandes caballos de batalla de la política española ha vuelto con fuerza. Las grandes empresas con beneficios, que no pueden acogerse a un ERE, han aumentado el ritmo de prejubilaciones, en especial desde 2015. Asimismo, 2016 parece que va a seguir el mismo camino, solo en lo que va de mes firmas como Altadis, El Corte Inglés, Caixabank, Santander, Orange o Ceiss han iniciado un proceso de despidos acompañado de un alto número de prejubilaciones.
Tras la reforma introducida en 2013, la edad legal de jubilación para los trabajadores en España se retrasa año a año hasta que en 2027 alcance los 67 años. Aunque eso es solo sobre el papel, porque la edad de jubilación media en España ha encadenado tres años con caídas y cerró 2015 en los 64,09 años, la cifra más baja desde 2012. Además, en 2016 las cifras acumuladas también se sitúan en los 64,1 años y es posible que se sitúe por debajo.
Con la llegada de 2016, aquellos que deseen jubilarse a lo largo del año con el 100% de la pensión deberán tener ya cumplidos los 65 años y cuatro meses. A pesar de ello, casi uno de cada dos personas que han decidido poner fin a su vida laboral no tenía alcanzaban los 65 años. Entre enero y febrero se jubilaron 27.301 personas por debajo de la edad legal, un 45% del número total de altas (59.850), según los últimos datos ofrecidos por la Seguridad Social. El número de personas que en enero y febrero se han jubilado por debajo de los 61 años son 12.123, dos de cada diez.
Las prejubilaciones fueron un fenómeno muy extendido en la economía española durante las últimas décadas del siglo XX. Ese fenómeno de las prejubilaciones entre los ochenta y noventa suponían alrededor de 60.000 jubilaciones al año, según datos del IESE. En los últimos años, el número de trabajadores que se jubilan antes de los 65 años superan ampliamente esa cifra: En 2012 fueron 127.374 , en 2013 119.058 , en 2014 122.517 y en 2015 126.669 pico de legislatura popular.
Fracaso del PP
La mala evolución del mercado laboral y de las cuentas de la Seguridad Social, en especial tras el estallido de la crisis, han obligado al Gobierno a tomar medidas para reforzar la sostenibilidad especialmente dirigidas contra las prejubilaciones. El Gobierno del Partido Popular entró en el Gobierno con la firme idea de limitar las prejubilaciones como ellos mismos reconocieron. El Ejecutivo de Mariano Rajoy puso en marcha varias medidas no solo para alargar la edad de jubilación dentro de su plan de sostenibilidad de las pensiones si no para reducir el número de prejubilaciones. La primera medida fue el desarrollo, previa aprobación del PSOE, de un castigo para grandes empresas por presentar prejubilaciones.
La medida se adoptó después del escándalo de Telefónica en 2011 y recibió el nombre de la ‘enmienda Telefónica’. La operadora a la vez que presentaba beneficios superiores a los 10.000 millones ordenaba un ERE en su plantilla que afectó a más de 6.500 trabajadores, con un amplio número de prejubilaciones.
La segunda medida impuesta por los ‘populares’ vino incluida en la reforma laboral de 2012. En ella, no solo encarecieron las prejubilaciones sino que también redujeron muchos de los casos para acogerse a ella, haciendo más difícil acogerse a ellas. Pese a ello, el Gobierno ha fracasado en su intento.
Mientras que en 2012 se jubilaron antes de los 64 años 102.961 personas en 2016 lo hicieron 106.294 personas.
Asimismo, el Gobierno del PP ha ejecutado políticas para favorecer que aquellos que ya están en la edad de jubilación legal puedan continuar en el mercado laboral. La puesta en funcionamiento de la jubilación activa que permitía compatibilizar el trabajo con el cobró del 50% de la pensión, no sirvió para que los trabajores se inclinarán por seguir en su puesto laboral. Tampoco la posibilidad ofrecida por el PP de continuar en el puesto de trabajo sin cotizar por IRPF.
Las grandes empresas pisan el acelerador
Las grandes empresas con beneficios, que no pueden acogerse a un ERE, están inmersas es una reconversión de su plantilla a través de forzar las prejubilaciones. En 2015, el Fondo que gestiona el Tesoro en el que las grandes y medianas empresas deben abonar un pago por realizar prejubilaciones se disparó un 171%, de los 87,7 millones hasta los 225 con los que cerró el pasado año.
Asimismo, de los procesos iniciados en 2015 aún las empresas quedan por abonar otros 27,7 millones y otros 4 estaban ya en proceso, a datos de enero de 2016. El número de empresas que han abonado esa cantidad en 2015 fueron Asea, Brown Bovery, Barclays Bank, Grupo Boehiringer, Greenpeace España, Nokia Siemens Network, Pfizer, Schweppes o Telefónica. En 2016, se espera que el proceso continúe con especial relevancia en el sector bancario.