El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), José Luis Escrivá, ha pedido hoy reformas en la regla de gasto y en la Ley de Estabilidad Presupuestaria porque cierta falta de credibilidad en las cuentas públicas le cuesta a España unos 10.000 millones de euros.
Escrivá ha participado en el curso de verano ¿Qué hemos aprendido de la crisis? organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la UIMP junto con el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos y el presidente de la CEOE, Juan Rosell, entre otros ponentes.
Rosell ha abogado por seguir reformando el mercado laboral sobre todo en la negociación colectiva al tiempo que ha pedido a los políticos «no ideologizar» las grandes partidas de gasto.
El presidente de la Airef ha afirmado, durante su conferencia, que si España tuviera en el mercado la credibilidad de países como Bélgica podría ahorrarse en pocos años unos 10.000 millones de euros en intereses de la deuda.
Ha añadido que la diferencia de cien puntos entre la prima de riesgo española y la belga se debe a un «déficit de credibilidad» que podría paliarse con reformas en instituciones que fortalezcan el cumplimiento de las reglas y con un cambio en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
«Repensar y reformar» la Ley de Estabilidad Presupuestaria, con el fin de hacerla más «simple y flexible», ha aconsejado, al tiempo que ha apostado por una mayor aplicación y definición de la regla de gasto que -en su opinión- no se ha cumplido y ha sido inútil.
Escrivá ha reiterado que los presupuestos de las administraciones deben ser transparentes y plurianuales y ha incidido en que podría modificarse, por ejemplo, la función del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
«Las reglas están para cumplirlas y, si son inadecuadas, hay que modificarlas, pero no dejarlas de cumplir», ha subrayado.
El presidente de la CEOE ha instado al nuevo gobierno que salga de las elecciones del 26 de junio a que continúe con las reformas, como la negociación colectiva que se ha quedado «obsoleta».
Rosell, que se ha mostrado convencido de que no habrá terceras elecciones, cree que habría que hacer un pacto de Estado para adaptar la legislación a la realidad, tanto en el ámbito laboral como en el salarial o en el de las partidas de gasto, como la sanidad.
«El coste de un enfermo crónico en un hospital es de 650 euros al día, mientras que en los centros especializados de estas enfermedades es entre 100 y 150 euros al día», ha explicado al tiempo que añadía que «un tercio de los enfermos que están en los hospitales son crónicos y, si se hacen las cuentas, la rebaja podría ser importante».
«Ha llegado el momento de hablar menos de ideología y más de gestión. Es tiempo de cerrar, de cambiar, de suprimir y de gestionar mejor», ha dicho, tras reflexionar sobre una reforma del IRPF como proponen algunas formaciones.
Ha admitido que se puede «tocar» el IRPF de las rentas más altas, pero que esa posible variación no supondría cambios significativos en la recaudación final del Estado.
Ha lamentado también el elevado nivel de leyes que afectan al mercado laboral, «que se ha reformado 50 veces en los últimos 20 años», ha recordado ante la posibilidad de derogar algunas reformas.
Sobre una subida de salarios, se ha mostrado convencido de que «van a mejor» y ha reconocido que una alza del salario mínimo interprofesional está sobre la mesa, tal como solicitan los partidos políticos, pero ha añadido que hay muchos contratos a tiempo parcial que «de alguna manera desvirtúan los números».
«Hay que ver cuántas personas son y cuantas personas se ven afectadas por los convenios colectivos o cuantas personas reciben un subsidio«, ha afirmado.
Rosell cree que sobre los salarios, «debemos cambiar el chip» y que habría que ligar subidas de sueldos a parámetros como la productividad de una empresa o el absentismo laboral.
El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ha subrayado que «por supuesto quedan cosas por hacer» aunque ha pedido valorar las reformas acometidas que han llevado a que actualmente España cobre a los inversores que compran deuda española.
Ha insistido en que un gobierno populista puede hacer que España «vuelva a la casilla de salida», y ha pedido «no criticar todo lo del pasado, porque así también perdemos credibilidad».